El dueño de un carribar de Paraná será juzgado en los próximos días por colgarse del alumbrado público.
El hombre está acusado del Hurto de Energía Eléctrica, delito que contempla una pena de un mes a tres años de prisión, según lo estipulado en el artículo 162 Código Penal. Allí, se determina que “será reprimido con prisión de un mes a tres años, el que se apoderara ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena”. Para el artículo 2311 Código Civil: “Se llaman cosas en este código, los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y las fuerzas naturales susceptibles de apropiación”.
El juicio estará a cargo del juez Correccional Nº1 de Paraná, Pablo Vírgala. La fiscal será Cecilia Bértora, mientras que la defensa será ejercida por defensor oficial, Alberto Silva Velazco. Según el cronograma de juicios, la audiencia se realizará el jueves 15 a las 9.Existe la posibilidad que el defensor solicite la suspensión del juicio a prueba para su cliente. De ser así, el juez Vírgala le correrá vista a la Fiscalía para que evalúe la propuesta realizada por el trabajador gastronómico. En los tribunales entrerrianos hay varias causas iniciadas por “engancharse de la luz” o por “irregularidades en los medidores”. El último caso que tuvo resolución judicial fue el iniciado contra el dueño de un reconocido comedor de Paraná, que fue acusado de Defraudación. Al parecer el empresario tenía irregularidades en el medidor. Tras un largo proceso, su representante legal consiguió obtener un probation.Luz de esperanza
La causa se inició en diciembre de 2010 cuando durante una inspección del personal de la empresa Enersa se detectó una anormalidad en la conexión eléctrica de un puesto gastronómico ubicado en el Puerto Nuevo de Paraná. Al parecer, el hombre ya había sido advertido por el personal de la empresa sobre la irregularidad, pero igual habría hecho caso omiso. Según la acusación fiscal, el hombre estaba conectado al alumbrado público.
El apoderado del Ente Provincial de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende, explicó que “siempre se habló de defraudación”, y aclaró: “Especificando que era una estafa, en donde se constituía mediante una maniobra ‘ardiosa’ para provocar un error en los medidores y de esa forma un perjuicio en detrimento económico de la empresa de energía. Pero en este caso estamos hablando de otra figura penal que es un apoderamiento ilegítimo del servicio”.
Lo mismo hizo un juez
En 2009, el juez santafesino Jorge Patrizi resolvió archivar la causa que involucró a su colega Rubén Saurín por presunto robo de energía en su vivienda del barrio Guadalupe, en Santa Fe. Para el titular del Juzgado de Instrucción Nº 8 no existían elementos que acreditaran un consumo irregular.
Se trataba de un chalé, a orillas de la laguna Setúbal. Hasta esa coqueta zona del noreste santafesino llegaron a fines del mes de marzo 2009 inspectores de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), quienes labraron un acta de infracción en el domicilio particular del juez Saurín por una supuesta conexión directa clandestina. Esa documentación fue aportada por las autoridades de la EPE a la Justicia santatafesina.
