La Cámara de Diputados dio sanción definitiva sobre tablas y por unanimidad a la Ley de Narcomenudeo, que apunta a luchar contra la venta de droga en baja escala. El texto implica una adhesión a la ley nacional que establece los parámetros para la investigación y juzgamiento de la venta de drogas a baja escala y permite a las fuerzas de seguridad y a la Justicia entrerriana desplegar acciones para combatir este delito. Si bien todos los bloques manifestaron su acompañamiento a la iniciativa, varios legisladores manifestaron sus dudas en torno a la aplicabilidad de la misma. De todos modos, se consideró que la aprobación de la norma “es un punto de partida para combatir el flagelo de la droga”.El presidente de la Comisión de Legislación General, Diego Lara (Frente Justicialista), fue el encargado de explicitar los argumentos del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo de la Provincia. Tras mencionar los dos “intentos fallidos” que hubo en Entre Ríos para legislar en este sentido (en 2007 y en 2014), consideró que “ahora estamos ante un nuevo capítulo y ante una instancia diferente porque nos dimos el tiempo suficiente de debate, de consulta y de interacción con los principales actores de los tres Poderes del Estado y de quienes integran la Justicia Federal”.

En este marco, resaltó que “hay una suerte de consenso generalizado en relación a la necesidad de avanzar en esta ley”.

Al argumentar la iniciativa, dijo que “la venta de estupefacientes a baja escala es más permeable a ser atacada con fuerzas de seguridad provinciales, que tienen más presencial territorial que las federales”. No obstante, aclaró que “es irrisorio pensar que una ley va a solucionar el flagelo que significa la droga”.

En otro tramo de su fundamentación, Lara cuestionó la posibilidad de que “se presione a las instituciones provinciales para que persiga a los ciudadanos entrerrianos por consumo personal de droga” e instó a “ser cuidadosos” y evitar lo que sucedió en otras provincias, donde se registró “una fuerte criminalización de los sectores más vulnerables”. Fue en este sentido que hizo hincapié en la necesidad de “ser mesurados a la hora de aplicar esta ley”.

Tras referirse a la necesaria creación de cargos para avanzar en el proceso de implementación de la norma y a la situación de la infraestructura carcelaria, Diego Lara se refirió al trabajo articulado que van a tener que tener las fuerzas provinciales y federales a los efectos de evitar que se frustren las investigaciones más complejas en materia de narcotráfico.

Finalmente el diputado destacó que el gobierno nacional tiene que tener la “decisión política” de transferir los fondos correspondientes para el sistema penitenciario provincial.