La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) apeló en la Justicia la sentencia que, a principios de este mes, declaró inconstitucional el artículo 2 de la nueva ley de movilidad jubilatoria y ordenó recalcular el porcentaje del aumento otorgado en el mes de marzo de este año. Con su estrategia de defensa de esa ley (concretamente, de su vigencia a partir de la primera suba de este año), el organismo previsional busca ahora que sea la Corte Suprema la que decida sobre la cuestión, que implica una preocupación para el gobierno por el costo fiscal que podría significar un revés judicial para la normativa.
El expediente con el pedido del recurso extraordinario para que la causa llegue al Tribunal Supremo incluye también la solicitud de que se declare “el efecto suspensivo de la sentencia cuestionada”. El fallo apelado fue dictado por los jueces de la sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en una causa promovida por el abogado y ex funcionario de la ANSES, Miguel Ángel Fernández Pastor. La decisión no fue unánime: Martín Laclau y Rodolfo Milano se expidieron contra la ANSES, en tanto que el restante juez de la sala, Néstor Fasciolo, avaló el momento de la vigencia fijado por la ley para la nueva fórmula.