El gobierno provincial volverá a reunir esta semana a siete gremios de trabajadores estatales en el marco de la ronda de diálogo iniciada para buscar salidas de consenso al déficit del sistema, que si bien no es nuevo crece de manera alarmante y adquiere mayor visibilidad en momentos de escasez de recursos.
El primer encuentro se desarrolló con los cuatro sindicatos docentes, el gremio de los legislativos, ATE y UPCN, aunque no estuvieron judiciales ni viales ni jubilados.
En esta primera reunión quedó en claro que la situación de la Caja de Jubilaciones es el hilo conductor capaz de aglutinar a los gremios estatales. Hubo, allí, una primera postura unánime, consistente en plantear la defensa del 82% móvil y de la actual edad jubilatoria.
En principio ese reclamo no se contradice con la postura del gobierno provincial, que asegura que no hay ningún proyecto de modificación de la actual ley jubilatoria, sino que la búsqueda de disminución del déficit se hará en el marco de la vigente.
Los dirigentes gremiales consideran una actitud acertada del gobierno reconocer el déficit y comunicarlo; pero también dejaron en claro que al menos parte del déficit corresponde a decisiones políticas de las que deben hacerse cargo los gobernantes, y no plantear que esa responsabilidad caiga solidariamente también sobre los trabajadores.
Datos y miradas
Un dato que la dirigencia gremial recuerda ahora con mayor frecuencia, en tren de reafirmar la idea de no tocar el 82% móvil ni la edad jubilatoria, es que a los empleados provinciales o municipales se les descuenta un 16% de aporte personal y un 16% de aporte patronal, contra un 11% que se aporta a las cajas privadas o al Anses, es decir que durante la vida útil del trabajador, el aporte es un 10% más que en otros sistemas.
Igualmente se señala que también el sistema previsional nacional es deficitario y el Estado nacional se hace presente para superar ese saldo negativo, entendiendo al sistema desde el punto de vista social. Y recuerdan también que esa fuerte presencia del Estado nacional se concreta con recursos que se generan en las provincias, y que las provincias deberían percibir, y destinarlos eventualmente también a subsidiar el sistema previsional propio.
La referencia es al 15% de coparticipación primaria que las provincias ceden desde 1993. Ese año, en el marco de la creación del ahora extinto régimen de capitalización previsional, se dispuso que la Nación y las provincias cedieran a la Anses el 15% de la masa de coparticipación federal de impuestos. Fue una manera de compartir el desfinanciamiento transitorio que enfrentaba el sistema previsional nacional a raíz de que, con la reforma, los aportes personales dejaban de destinarse al pago de las jubilaciones para ser enviados a las cuentas previsionales de ahorro individual.
En 2008, cuando se eliminó el régimen de capitalización, no se derogó esta desviación de la masa de coparticipación, a pesar de que desapareció el motivo que la justificaba. De esta forma, se convirtió en una cuestionable apropiación y algunas provincias, como Santa Fe, han llegado a la Justicia con su reclamo de devolución del dinero, que para el caso de Entre Ríos representaría una suma varias veces mayor al déficit de la Caja de Jubilaciones.
Otro dato es que los gremialistas que asistieron al primer encuentro es que no se acepta, al menos por ahora, la discusión del déficit de cada sector del sector por separado, más allá de que en el primer encuentro con funcionarios se mencionó, por ejemplo, el saldo negativo del sector de los bancarios, que es uno de los menos numerosos, e igualmente asciende a 7,5 millones de pesos mensuales. El de los docentes, con 37.000 aportes y algo más de 13.000 jubilados, está más cerca del equilibrio, al menos desde el punto de vista de tres aportantes por cada jubilado.
Otro punto en el que los dirigentes gremiales hacen hincapié es en el efecto deficitario de las pensiones y jubilaciones no contributivas, al igual que en el efecto de la compra de años de jubilación que se permitió en el sistema entrerriano, pagándose a veces por un mes de aportes sumas de entre 28 y 52 pesos cuando el activo aportaba regularmente por mes 500 pesos, de acuerdo al testimonio de dirigentes de los gremios docentes.
Finalmente, cuando se menciona el convenio de armonización previsional suscripto oportunamente con la Nación, la primera reacción es colocar los dedos en cruz, sobre todo si armonizar significa igualar el sistema provincial con el nacional, que no tiene ni 82% móvil y edades jubilatorias más avanzadas. Claro que si no hay un proyecto de reforma de la ley provincial de jubilaciones, igualar los sistemas no es posible.
A propósito de ello, en la primera reunión le preguntaron al ministro de Economía, Diego Valiero, por el saldo de la cuenta en la que la Nación deposita los fondos con los que compensa a la Provincia por no haber transferido su caja al Estado nacional, y el ministro les respondió que estaba al día, que este año ya se recibieron 200 millones de pesos.
Finalmente los gremialistas apuntaron a los contratos de obra. “En el gobierno dicen que no son tantos, pero esos trabajadores a través del monotributo aportan a la AFIP. Y si el día de mañana se decide pasarlo a la planta provincial, vienen sin los aportes”, se indicó.
Dentro de los puntos que conformarían un primer menú de tareas en pos de achicar el déficit, figura la posibilidad de “echar mano” a las cajas de jubilaciones municipales, que son en general superavitarias ya que tienen muchos aportantes y pocos jubilados. A esa mirada la aportó el presidente de la Caja, Daniel Elías, quien consignó que son 19 las cajas municipales. Hasta el momento, muchas han funcionado como pequeños bancos de los municipios, a los que financian a tasas muy convenientes, ya que generalmente la administración municipal forma parte o tiene llegada a la conducción de la caja. Esos préstamos, más baratos que los de los bancos comerciales, muchas veces terminan pagándose con terrenos municipales.
