El gobierno de José Mujica anunció que acabará con el secreto bancario para cuentas de argentinos en el Uruguay. El pacto firmado por ambos países deberá ser aprobado por sus congresos, y permitirá al Estado nacional acceder a información financiera de ahorristas por un total de 2.300 millones de dólares. La medida afectará a numerosos entrerrianos -en especial empresarios y referentes de la clase política- que disponen de cuentas bancarias en el vecino país, ya sea en forma personal o a través de empresas off shore. Muchos de ellos residen en ciudades fronterizas como Concordia, Colón y Gualeguaychú. En el caso de aprobarse la medida, la información habilitada por el país charrúa será sólo aquella generada con posterioridad a la firma del acuerdo, pese al pedido del gobierno nacional de obtener datos previos.

La determinación debe ser entendida en el marco de las críticas recibidas por el Uruguay por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que lo ubicó dentro de su "lista gris" por falta de transparencia en cuestiones fiscales. De esta forma, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) logró un pacto que reclamó por mucho tiempo.