El esquema tributario en el país se asienta sobre tres pilares: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava el consumo y que paga la mayoría; el Impuesto a las Ganancias, que grava la renta y los ingresos; y el Impuesto a los Bienes Personales, que recae sobre el patrimonio.
Durante mucho tiempo, el pago del impuesto a las Ganancias ha sido considerado por los trabajadores como un asunto de otros, entendidos esos otros como los no asalariados. Pero con las recomposiciones salariales de los últimos años en el marco de las paritarias, y la falta de actualización de las bases para el pago de ese tributo, el universo alcanzado por ese gravamen se ha ido extendiendo.
Hoy se calcula que 1,5 millón de trabajadores y aproximadamente 100 mil jubilados están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Esto es así para todo trabajador soltero que gane en promedio $5.872; o un casado con familia tipo, dos hijos, con $7.998 de ingreso promedio.
La cuestión no afecta sólo a empleados jerarquizados de compañías privadas; también a maestros, camioneros y bancarios.

PREOCUPACIÓN. La cuestión ya es tema de preocupación en las filas de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), que oficialmente reconoció que ha recibido reclamos de docentes afiliados alcanzados por notificaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El organismo recaudador está requiriéndoles a los docentes la presentación de declaraciones juradas como aportantes a los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales. Según Agmer, existe un grupo de docentes que “se encontrarían obligados al pago de ese impuesto por los cruces de datos que realiza esa Administración”.
La situación se da, admitió Manuel Gómez, secretario gremial de Agmer, en función de que la AFIP no ha actualizado los montos mínimos de tributación, aunque a su criterio se da por el hecho de que el organismo considera todos los ingresos de un trabajador, ya sea los que recibe por su labor docente, como también por cualquier otra actividad privada que desarrolle.
Gómez dice que alcanza sobre todos a los niveles más altos del escalafón docente, aunque también maestros de grado que perciben adicionales específicos, como por jornada completa o por zona desfavorable, con salarios que los ubican dentro de los mínimos imponibles.
El gremio oficialmente no aconseja la desobediencia en el pago, aunque sí exige una reconsideración.
“Nosotros estamos haciendo un planteo respecto de esto, y es que consideramos que se debe eliminar este impuesto sobre los salarios, en función de que los trabajadores no pueden tributar por sus ingresos. No consideramos que los ingresos sean una ganancia”, afirma Gómez.
Al respecto, hizo notar que en la mesa paritaria de principios de año, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) puso como eje de la discusión poner en cuestión la existencia de ese tributo, y la consideración del salario como ganancia.

DESACTUALIZACIÓN. Aunque suene extraño, la cuestión ya forma parte del rosario de reclamos de la Confederación General del Trabajo (CGT). El 26 de abril último, durante el acto que encabezó el camionero Hugo Moyano en Parque Roca, Buenos Aires, pidió que se elimine “de una vez por todas, ese perverso impuesto al trabajo, ese mal llamado mínimo no imponible”.
Y amplió el pedido: “Aumenten los topes de las asignaciones familiares. ¿Cómo se puede discriminar a los hijos de los trabajadores que ganen 5.200 pesos?”.
Lo que sucede es que ese impuesto licúa parte de los sucesivos aumentos que los trabajadores consiguen en paritarias.
Claro que si no se consigue la eliminación, los gremios al menos piden que se actualicen los mínimos por los cuales se tributa. Así, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que dirige Hugo Yasky pretende que el mínimo no imponible aumente un 35% para que el poder adquisitivo sea el mismo que en 2008.
El cálculo que hacen es que el mínimo para los solteros debería ser de $7.832 y el de los casados con dos hijos de $10.821.
Según datos de la AFIP, hoy 1.544.000 asalariados pagan este tributo, mientras que en 2009 estaban abarcados 846.200. El Gobierno congeló el mínimo no imponible en 2008, lo subió 20% en 2009 (menos que la inflación real), lo volvió a congelar en 2010 y el año pasado lo incrementó otro 20%, otra vez menos que la inflación.
En 2012 sólo hubo anuncios, pero ningún gesto concreto al respecto.

Cuánto ganan

Aunque en la provincia no está cerrada la discusión entre el Gobierno y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) respecto del monto de actualización salarial para este año, hay franjas de trabajadores de la educación que se ubican en techos por encima de la media.
Lo que en forma pública se discute es en torno al piso, hoy en $2.800, pero hay maestros de primaria, sobre todo aquellos que perciben adicionales por zona inhóspita, y la máxima antigüedad, que hoy perciben salarios de $5.376, pero que en julio, cuando se concrete una nueva recomposición salarial, pasarán a percibir $ 5.712.
Mientras, un maestro de escuela jornada completa, y el máximo de antigüedad, percibe hoy $6.868, en tanto que a partir de julio percibirá $ 7.219.
Un rector, en tanto, percibe entre $6.000 y $7.100; a la vez, un supervisor, el máximo escalón del escalafón docente, tiene ingresos que van de los $ 7.369 a los $8.812.
Un profesor de nivel secundaria, que cuente con 30 horas cátedra, el máximo permitido, percibe salarios que van desde los $3.754 hasta los $6.375.