El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, quedó detenido ayer tras negarse a declarar en la causa en la que se le atribuyen supuestos ilícitos con el manejo de fondos para la construcción de viviendas sociales. Su hermano Pablo se entregó horas más tarde.
La decisión la tomó y comunicó el juez federal Norberto Oyarbide, al término de la audiencia en la que tenía previsto interrogar a Schoklender en orden a los presuntos delitos de defraudación en perjuicio del Estado y asociación ilícita.
Oyarbide también ordenó la detención de Pablo Schoklender y del contador Alejandro Gotkin, está ultima concretada durante la audiencia de indagatoria al mayor de los hermanos.
Sergio “Schoklender quedó detenido porque en los últimos meses se sumaron hechos que lo sindican como uno de los supuestos organizadores de la asociación ilícita”, explicó un colaborador de Oyarbide que estuvo presente en la audiencia. Ese mismo rol se le imputa a Pablo Schoklender y a Gotkin.
A su pedido, Sergio Schoklender fue enviado a la cárcel de Ezeiza, en el conurbano bonaerense, en tanto que Gotkin quedó alojado e incomunicado en la alcaidía del Palacio de Justicia.
Para citarlo a indagatoria y dejarlo detenido, Oyarbide consideró que sin la participación de Pablo Schoklender “en mucho de los casos no se habría podido llevar a cabo el ilícito aquí investigado”.
El juez concluyó que la defraudación a la administración de la Fundación “se habría producido al haberse probado que una gran cantidad de fondos del Estado Nacional para la afectación concreta a un plan de viviendas (Misión Sueños Compartidos), salieron de la misma autorizados por quienes, en su entonces, revestían el carácter de apoderados”.
Sergio Schoklender, quien antes de la audiencia, había adelantado que iba a contestar “todo lo que el juez quiera saber”, luego de escuchar la lectura de la imputaciones en su contra –en una treintena de carillas- por consejo de la defensora oficial Perla Martínez de Buck prefirió callar.
Martínez de Buck asumió la defensa en las últimas horas y manifestó que necesitaba más tiempo para analizar todas las pruebas contra su asistido.
Sergio Schoklender, a su vez, “estaba preparado para los hechos que derivaron en el dictamen por el cual el fiscal (Jorge) Di Lello pidió la indagatoria, pero no con todo lo que se fue agregando luego de esa requisitoria, formulada a fines de 2011”, comentó un allegado al sumario penal.
En los últimos meses Oyarbide sumó informes de expertos del Banco Central de la República Argentina y de la Policía Federal sobre movimientos de fondos provenientes del Estado cuya destinataria era la Fundación y la finalidad la construcción de viviendas.
