En su informe, el tribunal señaló que el Estado uruguayo debe  estudiar la posibilidad de denunciar el caso ante la Justicia. La recomendación se basa en las “dudas” que existen sobre la regularidad de los procedimientos para extender el contrato de mantenimiento del canal binacional.

El tribunal había sido convocado en mayo por la cancillería uruguaya tras versiones periodísticas sobre supuestos hechos de corrupción. Julio Baráibar, embajador itinerante de Uruguay, había indicado que existieron “intentos de sobornos” por parte de Argentina. Aunque en aquel entonces el funcionario presentó su renuncia, el presidente José Mujica la rechazó.    

Tras analizar las actas de la Comisión Administradora del Río de la Plata, el Tribunal de Cuentas  sostiene que "existió un enlentecimiento en el tratamiento de temas importantes y trascendentes dentro de la CARP, actitud que tuvo incidencia directa en la forma en que se llegó al final del plazo contractual con Riovía S.A.", subsidiaria de la holandesa Boskalis International y que se ocupa del dragado desde 1996.

De acuerdo con el reporte, mientras se demoraban las negociaciones sobre el llamado a una licitación internacional para una nueva concesión para la profundización del dragado "se dejaron de adoptar las medidas necesarias para mejor negociar con Riovía S.A. la inminente prórroga del contrato". Esto –señala el tribunal– llevó a que no se hiciera un concurso de precios y generó condiciones más beneficiosas para la empresa.

"Se pretendió influir para lograr la prórroga con la concesionaria Riovía S.A.", respondió Francisco Bustillo, presidente de la delegación uruguaya en la CARP, al ser consultado por los auditores, según informó la prensa.

El informe atribuye la responsabilidad por esa situación a la delegación argentina al tiempo que afirma que los representantes uruguayos ante la CARP –creada en 1973– actuaron "tratando de preservar los intereses del país".

El tenor de estas situaciones "amerita que la Cancillería evalúe la adopción de medidas que correspondan a derecho", para lo cual "deberá tener en cuenta el principio de territorialidad del derecho penal", indica el documento.