La Delegación Departamental Chajarí del Ministerio de Trabajo de la provincia, por instrucción del ministro Guillermo Smaldone, denunció ante la Fiscalía a cargo de Clara Mondragón, que en un establecimiento rural de esa ciudad se detectó a tres chicos de 15 años realizando tareas de recolección y cosecha en jornadas de 11 horas. Además, los menores manifestaron no concurrir a ningún establecimiento educativo. Ésta fue la primera presentación concretada por una cartera laboral provincial tras la sanción de la nueva ley, y la segunda a nivel nacional luego de la que realizó el Ministerio de Trabajo de la Nación en un caso detectado en Buenos Aires.
Las inspecciones fueron llevadas a cabo por personal de policía del trabajo de la Delegación Departamental Federal del Ministerio de Trabajo, junto al Sindicato Obrero de la Fruta y personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf).
Luego de constatar la minoridad de los trabajadores, se labraron actas de infracción directa a los propietarios por emplear menores de edad en sus establecimientos, y se presentó toda la documentación en la fiscalía de turno. Los menores quedaron a cargo del personal del Copnaf y fueron llevados al hogar del Consejo para ser entregados a sus padres.
Smaldone destacó la tarea del delegado departamental de Chajarí, Miguel Ángel Cardozo, quien hizo la presentación en la Fiscalía, y de los inspectores Manuel Meichtry, Juan Calderara y Marcos Parella, que llevaron adelante la inspección.
Smaldone consideró que el hecho de que se pueda condenar penalmente a los responsables de la explotación infantil “constituye un paso importantísimo y está en sintonía con la lucha que se está impulsando a nivel nacional y provincial para erradicar la problemática”.
Luego señaló: “Hemos hablado varias veces con el gobernador Urribarri de la importancia que tiene contar con una ley que condene penalmente a quien utilice laboralmente a menores. Ahora, contratar a un menor de 16 años no sólo se sanciona con una multa, sino que también el empleador puede ser sancionado penalmente con prisión de uno a cuatro años”.
Dijo finalmente que con la sanción de esta ley en el mes de marzo se sumó “una herramienta para continuar incluyendo y reparando derechos” y precisó que “los niños trabajadores se ven imposibilitados de ir a la escuela, o limitados en el rendimiento escolar”.