La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú realizó ese domingo a una caravana por el Puente Internacional General San Martín en rechazo a la posibilidad de que se instale una nueva planta de producción de pasta de celulosa en la zona. Unos 150 vehículos en fila cruzaron la frontera del puente internacional San Martín e ingresaron a territorio uruguayo hasta el peaje de CARU.

Los manifestantes se concentraron en el kilómetro 28 de la ruta 136, en el paraje Arroyo Verde, donde la ruta internacional 136 estuvo cortada desde el 20 de noviembre de 2006 hasta el 19 de junio de 2010.

“Es una señal de la firmeza que tiene esta lucha”, dijo el médico Martín Alazard, quien se bajó de su vehículo y mediante un sistema de amplificación rodante, leyó una proclama en suelo uruguayo, mientras los demás automóviles eran obligados por Prefectura a girar y retornar hacia Argentina, de acuerdo al operativo dispuesto por el Jefe de la Circunscripción, capitán Julio Pérez Abrigo.

Entre fuertes sonidos de bocina algunos dejaban el mensaje de que en noviembre volverán a establecerse en Arroyo Verde. Como efecto colateral, la ruidosa protesta determinó que el tránsito en el puente San Martín estuviera cortado por espacio de una hora. De forma de garantizar que no ocurriera ningún tipo de incidente, Gendarmería y Prefectura demoraron en el Área de Control Integrado a las personas que cruzaban hacia Argenitina, publicó el diario El País en su edición digital.

“Hoy, una nueva provocación nos impulsa a gritar con todas nuestras fuerzas que seguiremos la lucha por la vida. El anuncio del presidente uruguayo de la instalación de una nueva planta de Botnia y el aumento de producción de la actual, no hace más que revelar la entrega total del gobierno a los intereses internacionales”, dijo Alazard al leer la proclama.

“Los habitantes de esta región, permaneceremos en alerta sabiendo del accionar de mala fe del Uruguay como lo destacó el fallo de La Haya. Pedimos a nuestros gobernantes que dejen de lado la pasividad mostrada en la actualidad y acompañen con todas las fuerza necesarias a un pueblo que defiende el derecho a la vida”, finalizó diciendo el documento leído sobre el peaje de CARU.

Posteriormente en una improvisada conferencia de prensa, Alazard, señaló que las futuras acciones “dependerán de la actitud de los gobiernos que deben procurar no realizar actos que agraven el conflicto”.

Si el estado uruguayo finalmente autoriza el aumento de producción de UPM, “agravará la situación, justamente lo que la Corte Internacional de Justicia pidió no hacer” e insistió, en referencia al corte de ruta “que no se descarta absolutamente nada. Las acciones las decide el pueblo cansado de sentirse indefenso”, añadió.