Dos fiscales de Instrucción de la ciudad de Córdoba dictaron 35 prisiones preventivas contra imputados por los robos y saqueos que se produjeron entre el 3 y el 4 de diciembre pasados, durante el acuartelamiento y huelga que realizó la Policía provincial.
El fiscal Raúl Garzón (Distrito III, Turno 7, de la ciudad de Córdoba) dispuso la medida contra diez personas, mientras que su par, José Mana (Distrito I, Turno 3) hizo lo mismo respecto de otros 25 imputados, según se conoció ayer.
Por su parte, las fiscales Adriana Abad y Jorgelina Gutiez, que también investigan los hechos ocurridos junto a Garzón y a Mana, tienen que resolver la situación de 75 y 30 personas, respectivamente.
Al dictar las prisiones preventivas, Mana aseguró que los imputados “se apoderaron de las calles con claros fines ilícitos, generando una gran perturbación pública donde personas y bienes se encontraban en un estado de total indefensión merced a la carencia del personal policial”.
El fiscal consideró “particular-mente grave” lo sucedido, porque se perjudicó “la tranquilidad social y la sensación de sosiego de las personas, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, por lo que los actos de vandalismos indiscriminados en ese contexto produjeron una alarma colectiva que afectó gravemente la regular convivencia”.
Los fiscales avanzan con el relevamiento de material fílmico y el análisis de información volcada en las redes sociales durante las 48 horas caóticas de la capital mediterránea cuando, en medio de la huelga policial, se volcaron en las redes imágenes, consignas de incitación al delito y confesiones.
POLICÍAS. Garzón reveló que aún no hay ningún miembro de la policía cordobesa detenido, pero advirtió que la causa avanza en conocer los vínculos familiares y profesionales de las personas imputadas con efectivos de la fuerza de seguridad.
Si bien hasta el momento no hay policías acusados, fuentes judiciales confirmaron que los cuatro fiscales, mediante una nota, pidieron al jefe de la Policía, Julio César Suárez, la nómina del personal que sí cumplió servicios entre el 3 y el 4 de diciembre, para ahondar en la investigación y posible conexión entre los ya imputados con los efectivos que sí intervinieron en la huelga.
Ayer, se dio cuenta en esa provincia que la Justicia de Córdoba imputaría en los próximos días a los policías que estuvieron de paro durante el conflicto.
Los fiscales buscan avanzar en la responsabilidad de los uniformados que llevaron adelante la huelga.
Las imputaciones serían para los cabecillas e instigadores del autocuartelamiento, al tiempo que también se investiga si hubo nexo entre uniformados y saqueadores para generar caos y violencia en la ciudad de Córdoba.
En tanto, a un mes de los saqueos, en varios barrios de la ciudad hay comercios que no lograron reabrir o lo que han hecho en condiciones precarias.