El Estado provincial con las compensaciones de impuestos da sus primeros pasos en la Justicia, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas siguen con preocupación los coletazos que pueda dar la causa respecto de los asesores contables de las empresas involucradas.
Si bien hasta el momento ningún contador fue imputado por los fiscales Laura Cattáneo y Gervasio Labriola, es probable que sean citados a dar explicaciones en la causa iniciada a partir de la denuncia presentada por el director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Marcelo Casaretto, por la desaparición de deudas impositivas millonarias que tenían 66 empresas con el fisco.
“Queremos ser cautos y esperar lo que diga la Justicia”, adelantó el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Fernando Lenardón. “Debemos ser prudentes; se habla mucho, pero institucionalmente debemos manejarnos con elementos concretos, con documentos valederos antes de tomar cualquier resolución. Una vez que haya sentencia, y si hubiera profesionales involucrados, se pasarán las actuaciones al Tribunal de Ética para que analice la conducta de cada uno”.
Imputados. Los fiscales hicieron hace unos días el requerimiento de instrucción formal de la causa e imputaron a María Estrella Martínez de Yankelevich y Abelardo Daniel Gaggión, en su calidad de agentes de la ATER, por haber simulado fraudulentamente operaciones de compensación tributaria a 66 empresas. El fraude se magnificó en $18.125.558,95, de los cuales se utilizaron efectivamente para cancelar obligaciones tributarias de los contribuyentes por un monto de $17.088.281,58. Según esas cifras, el 62% de las compensaciones que se realizaron desde el 1 de enero de 2012 eran fraudulentas. Esto es así porque durante ese período el Estado canceló deudas impositivas por $28.874.127,33 millones a empresas proveedoras del Estado.
Sin embargo, en la acusación no se menciona a los contadores de las empresas involucradas. En ese sentido, Lenardón afirmó que “esta maniobra podría haberse concretado sin la intervención de ningún profesional, es decir, el trámite pudo haber sido acordado personalmente por los empresarios con el personal de la ATER. No se trata de decir que no hayan intervenido contadores, sino que es prematuro decir que sí lo hicieron”, aclaró.
No obstante, una fuente judicial explicó que en caso de que haya contadores involucrados en la maniobra, la ley prevé no solo una sanción penal sino también la inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
Los fiscales acusaron a los dos “empleados infieles” y a los empresarios por el delito de fraude contra la administración pública, que prevé penas de uno a seis años de prisión.
De igual modo, la investigación podría extenderse hasta 6 años hacia atrás, es decir, hasta el año 2008. En ese sentido, una nueva investigación interna realizada en los archivos de la ATER, entre los años 2008 y 2011 detectó que desaparecieron por lo menos 20 millones de pesos más, que se suman a la cifra denunciada por Casaretto en el Juzgado de Instrucción a cargo de Marina Barbagelata.
