La causa por el desfalco en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dio un vuelco este martes en sede judicial. Un proveedor del Estado declaró que las transacciones por deudas y compensaciones las hacía en la casa de un alto funcionario municipal que tiene relación con el organismo recaudador.

El martillo de la Justicia había caído hasta entonces sobre los etiquetados “empleados infieles”: la jefa de Despacho, Estrella Martínez de Yankelevich; y el de Mesa de Entradas, Daniel Gaggión.

Aníbal Darío Aisichovich, productor agropecuario de San Salvador, reveló que se reunía con Darío Barreto, secretario de Gobierno de la Municipalidad de esa ciudad, para “compensar” sus deudas tributarias.

¿Pero cuál era la relación de Barreto con la ATER para hacer esa operación? Barreto es un empleado de carrera del organismo recaudador, que llegó a ser segundo en la ex DGR y director de Interior. Luego de cumplir esas funciones, se convirtió en secretario de Gobierno, que debido a las sospechas que recayeron sobre él, presentó su renuncia al municipio que conduce el oficialista Marcelo Berthet.

“La operatoria es la siguiente: este tipo, Barreto, llamó a Aisichovich para ofrecerle créditos fiscales a valor de un 70 por ciento de la deuda que él tenía con el Estado, pero tenía que ser en un solo pago. Es decir Aisichovich pagaba el 70 por ciento de lo que debía en cuestiones tributarias, pero en un sola vez. Esa operación se hacía en la casa de Barreto. Allí se completaban planillas con membrete de la ATER en el que se establecía que el proveedor estaba compensado deuda”, según reconstruyó ante Página Judicial, Julio Federik, sobre el testimonio de su defendido, el productor de San Salvador.

Esas planillas – con las que se iniciaba el expediente de compensación - tenían la firma de Martínez de Yankelevich.

La declaración la escucharon la jueza Marina Barbagelata; el fiscal, Gervasio Labriola; los representantes del productor, Federik y Leopoldo Lambruschini; el representante de la Fiscalía de Estado, Sebastián Trinadori; y el abogado de Martínez de Yankelevich y Gaggión; Walter Rolandelli.

¿Quiénes son los responsables de otorgar la posibilidad de compensaciones? Esa es una pregunta que deberán responder seguramente funcionarios del organismo. Con el testimonio de Aisichovich se echa por tierra la idea de que las deudas fueron borradas de un sistema informático y que esto dificultaría llegar al responsable del fraude. En un principio se intuía que la estafa sólo la podían hacer quienes tenían la clave para acceder a la lista de empresas que habían realizado el trámite de compensación de deuda.

Ante la revelación de que hay papeles, la Justicia deberá bucear en los organismos de control. La causa ya no es una historia de hackers.

“No creo que esos expedientes pasen sólo por las manos de una jefa de Despacho”, sostuvo Federik, que defiende a otros proveedores del Estado implicados en la causa que denunció el titular de la ATER, Marcelo Casaretto, y que oficialmente llegaría a unos 50 millones de pesos.

En la nómina de imputados no hay funcionarios. Se daba por hecho la imputación de Gustavo Gioria, que se desempeñaba como tesorero de la provincia y que apareció como contador asesor de una de las empresas vinculadas al escándalo. Pero no ocurrió. Tampoco Barreto, el gran gestor que no ocupa ningún cargo en el organismo y que tuvo que renunciar al de la Municipalidad, fue tenido en cuenta por la Justicia hasta ahora