Luego de que el juez Federal de Paraná, Leandro Ríos declarara en el "caso Pesoa", la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 3º, y 4º de la Ley Provincial Nº 10329, conocida como ley de narcomenudeo, desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) salieron a defender la norma y afirmaron que se seguirá trabajando para combatir el flagelo de la droga. El procurador General del STJ, Jorge García, entendió que el narcomenudeo “no sólo nos permite encontrar el kiosco, que es el problema que genera las muertes, sino que nos encontramos con verdaderos depósitos de mercancía que conforman un delito que es siempre de competencia federal”. En tal sentido, aclaró que cuando se analizó y sancionó la ahora cuestionada ley, “estábamos en el medio de la implementación del código nuevo y la idea que teníamos era que esta ley nos daba la oportunidad de una gradualidad. Pensábamos afrontar este problema de manera gradual, es decir, las primeras actividades como son los allanamientos, los secuestros y las detenciones, llevarlas adelante en el ámbito de la justicia provincial y remitir sólo para su juzgamiento a la Justicia Federal”. Luego anunció que sacará una resolución general donde manifiesta que “esto continúa exactamente como estaba antes de este dictado que no nos incumbe. La ley es válida, constitucional y vamos seguir trabajando como hasta ahora, de la misma manera y con la misma legitimidad”.
García señaló además que en el “caso Pesoa” donde se dictó la medida de inconstitucionalidad, “se trataba de una cantidad importante de droga y el juzgamiento siempre iba a ser competencia Federal, exista o no la ley de narcomenudeo”. Y aclaró: “Tratamos de articular políticas frente a un flagelo social muy grave y no queremos que esto se convierta en Rosario. El riesgo es que si entramos en enfrentamientos por cuestiones de competencia, a la población no le interesa” y se retrasan los procedimientos.
Por su parte, la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, dijo que la inconstitucionalidad dictada por el Juez Ríos “fue para un caso determinado”. Mientras que el Procurador argumentó que “se trató de articular políticas frente a un flagelo muy grave”.
“Hay que ponerla en contexto. Es una resolución judicial, de un juez de primera instancia en una causa concreta, como muchas otras resoluciones que declara la inconstitucionalidad de leyes”, indicó Mizawak y luego agregó que las inconstitucionalidades “son para un caso determinado donde han sido planteadas y en este caso fue declarada de oficio”.
En tal sentido, quiso aclarar que “las declaraciones de oficio de la inconstitucionalidad de una ley, siempre son la última ratio. El Poder Judicial no hace las leyes, las interpreta y las manda a cumplir, esa es la función y en todos los casos debemos ser muy respetuosos y cuidadosos porque quienes tienen el poder constitucional de hacer las leyes son los legisladores”.
“Respecto a qué opino sobre la inconstitucionalidad, sepan entender que el Tribunal Superior es el órgano máximo de las leyes provinciales, y en alguna oportunidad podría tenerse que ver en entender en una constitucionalidad o inconstitucionalidad, por eso me voy a reservar las opiniones”, afirmó.
Por otra parte, Mizawak expresó que “estas leyes trasuntan una decisión política, y en este caso, la política de Estado es luchar a brazo partido contra este flagelo que es la droga. Este año llevamos muchas muertes con relación directa con la droga, así que a esto hay que darle una respuesta y la respuesta política, que interpretó el Poder Ejecutivo y Legislativo fue esta”, indicó en relación a la Ley de Narcomenudeo
