Desde mediados del año pasado, el jefe de la Policía de Entre Ríos (comisario general Héctor Massuh) y el subjefe (comisario general Juan Rosatelli) vienen padeciendo permanentes amenazas y la Justicia trabaja sobre dos hipótesis: una, relacionada con un importante secuestro de estupefacientes, específicamente marihuana, y la otra con el inminente juicio oral y público que se realizará a los policías acusados de sedición por el levantamiento de diciembre de 2013.

Según indicaron fuentes allegadas a la investigación, el primero en presentar la denuncia en Fiscalía fue el comisario general Massuh, que cuenta con el patrocinio de la abogada Rosario Romero; posteriormente lo hizo el comisario general Rosatelli, quien es representado por Marcos Rodríguez Allende.

La investigación, que se desarrolla bajo un silencio total, avanzó sobre aquellas dos hipótesis. En la primera se investiga a una banda dedicada al tráfico de sustancias prohibidas por las autoridades sanitarias que desarrollaba su actividad en el Departamento La Paz, en la frontera con Corrientes La banda estaba integrada por personas de Entre Ríos y Corrientes y sufrió un duro golpe tras un importante operativo en el que se secuestraron alrededor de 350 kilos de marihuana.

La última hipótesis que trabajan los fiscales para tratar de dilucidar el origen de los mensajes de texto en los que se vierten distintos tipos de coacción contra la cúpula de la Policía, está abonada por la gravedad institucional que generó el levantamiento de un grupo de efectivos que comparecerán en debate oral y público acusados del delito de Sedición.

En este sentido, otras fuentes consultadas evaluaron que las amenazas serían “una suerte de venganza por parte de algunos integrantes del grupo de policías procesados tras el levantamiento de diciembre de 2013, ya que en breve se estará realizando el debate oral y público”. En esta línea, el juicio en el que se juzgará a dieciocho efectivos que comparecerán acusados de los delitos de Sedición, Privación ilegítima de la libertad, Daño calificado, Robo agravado por la calidad de funcionario público e Instigación pública, comenzará el 13 de abril en Concordia y se extenderá hasta el 5 de junio, en virtud de que se espera que declaren alrededor de 600 testigos en las 27 jornadas que durará la audiencia.