FOTOMULTAS.

Hoy desde las 9, el juez Correccional Nº 1, Pablo Vírgala, dará comienzo al debate oral en el juicio que se le sigue al ex jefe comunal Luciano Asselborn, acusado de notificar a supuestos infractores de tránsito, después de que un fallo del Superior Tribunal resolviera que el municipio de Valle María no tenía competencia para aplicar las fotomultas. La causa, de 2004, se ventilará en los tribunales de Paraná.
El expediente “Asselborn, Luciano Roberto s/Abuso de Autoridad”, llega a la etapa oral, después de casi ocho años. Fue iniciado porque supuestamente ex intendente de Valle María (localidad del departamento Diamante situada a 36 kilómetros al sur de la capital provincial) desconoció un fallo del Superior Tribunal de Justicia del 18 de abril de 2002, donde se expresó que no era potestad de las comunas “ampliar su competencia invadiendo la de la Nación o Provincia bajo la cosmética de la autonomía”, al aplicar el sistema de foto multas en las rutas entrerrianas.
El sistema, que entre fines de los 90 y principios de la década pasada se aplicaba en varias localidades entrerrianas --Ibicuy, Ubajay y Valle María, entre otras-- funcionaba en base a la foto de un radar, que tomaba la patente y los datos del infractor. Se labraba un acta y se le enviaba al domicilio al supuesto infractor. Sin embargo, varios automovilistas acudieron a la Justicia mediante acciones de amparo. Hubo a lo largo de varios meses distintos fallos, algunos favorables y otros contrarios a la pretensión de los amparistas. Hasta que el STJ resolvió que el mecanismo es “sólo un velo para esconder la finalidad meramente recaudatoria con el objeto de obtener ingresos”.
De ese modo, el máximo tribunal provincial dispuso que se remitiera copia de la decisión a todos los Juzgados y fiscalías de primera instancia de cada jurisdicción donde funcionaran los radares, para que se investiguen posibles conductas ilícitas.
A partir de allí, en el Juzgado de Instrucción de Diamante se comenzó a averiguar si el entonces intendente de Valle María, Luciano Asselborn, seguía aplicando el sistema después del fallo del Superior, dado que supuestamente se habrían enviado notificaciones a infracciones, desoyendo lo dispuesto por la Justicia.
El imputado fue indagado dos veces en Diamante, hasta que la Cámara del Crimen de Paraná dispuso una tercera declaración fijando el delito por el cual debía pedírsele explicaciones: concretamente, la figura del abuso de autoridad, prevista en el artículo 248 del Código Penal.
En septiembre de 2008 el juzgado de Instrucción de Diamante lo procesó. En 2009 la Sala II de la Cámara confirmó el procesamiento, que había sido apelado por la defensa, y meses después la causa fue elevada a juicio. Sin embargo, la Cámara se declaró incompetente por entender que por el tipo de delito el debate oral y público debía ser llevado adelante por el Juzgado Correccional, por lo cual, en 2010 el expediente llegó a manos del juez Vírgala.
El año pasado, semanas antes de las elecciones en las que el imputado era nuevamente candidato a intendente, al conocerse que el juez Correccional había dispuesto una serie de pruebas suplementarias antes de fijar la fecha del juicio, consultó al abogado defensor Aldo Gerosa. El letrado se quejó de que a Asselborn “se lo tiene a las vueltas con esta causa desde el año 2004”, y calificó de “llamativo” que sea “una constante que este caso sea ventilado en la prensa siempre en períodos preeleccionarios”. Gerosa aseveró en ese momento que Asselborn quiere “que se haga el juicio y quede claro que no hubo delito”.