NARCOTRAFICO.

En la última reunión del bloque de Senadores justicialistas, cada uno de los representantes departamentales recibió una compilación de antecedentes y un anteproyecto de ley que propone generar en Entre Ríos las condiciones para que la Justicia provincial y la Policía, puedan intervenir en la lucha contra el narcotráfico. El trabajo tomará estado parlamentario “apenas sea consensuado y suscripto por todos los senadores”, revelaron.
 

Se trata de generar un marco legal para que el Estado provincial pueda responder a una situación que, por su impacto negativo y proliferación, ha generado que la Iglesia Católica y la Corte Suprema de Justicia de la Nación den a conocer su preocupación por medio de documentos que han tenido amplia trascendencia. El denominado “narcomenudeo” es la venta de droga en pequeña escala y los especialistas consideran que la modalidad se relaciona con el aumento de otro tipo de delitos y hace estragos en la salud de niños y adolescentes.

En Entre Ríos
 

En la provincia se sancionó la Ley Nº 9.783, por la que se adhirió a la Ley nacional Nº 26.052. Esta norma facultaba además al Ejecutivo a realizar gestiones para obtener los créditos necesarios para poder alcanzar los objetivos de esta adhesión. Si bien fue promulgada a través del Decreto Nº 4.387 de 2007, se dispuso –en el mismo instrumento- que la vigencia y operatividad “queda suspendida hasta que se obtengan los créditos a los que alude el artículo segundo de la misma y quinto de la ley nacional y se incorporen al presupuesto general de la Provincia, conforme lo exige nuestra Constitución Provincial”.
 

En aquel entonces se pidió al Poder Judicial, la Policía, la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Seguridad que elaboren, remitan y eleven al Ejecutivo informes para establecer los requerimientos económicos, técnicos, humanos y de capacitación que resulten necesarios para asumir la competencia transferida por el Estado nacional. Con este antecedente y observando lo que están haciendo otras provincias, los senadores tienen a estudio un anteproyecto que propone la adhesión a las disposiciones del artículo 34 y concordantes de la Ley nacional Nº 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley nacional Nº 26.052. El mismo propone que el Poder Ejecutivo pida las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5 de la Ley nacional Nº 26.052.
Añade que hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos, el Poder Ejecutivo provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación. Se solicita además la creación, dependiendo de la Gobernación, de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, la que estará encargada de coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad y organismos jurisdiccionales y penitenciarios provinciales, respecto de la oferta y demanda de estupefacientes en el marco de las competencias legales que se asumen, y de armonizar con la Sedronar y el Cofredo la implementación local de sus políticas. El proyecto apunta a derogar la Ley Nº 9.783 y reglamentación y comenzaría a regir apenas sea publicada en el Boletín Oficial.

El rol del Estado
 

La Ley Nº 26.052 preservó la actuación del Estado nacional en el tema. Como resultado se espera elevar la capacidad investigativa de los operadores judiciales y a su vez profundizar la tarea de los jueces penales, como así también de los auxiliares de la Justicia, que pueden actuar con mejores herramientas que sus pares federales.