INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS CON DECLARACIONES JURADAS,

Casi la mitad de los funcionarios públicos no cumplieron en tiempo y forma con la presentación de su declaración jurada de bienes. De los 47.329 jerárquicos y ex jerárquicos de la administración nacional que este año deben informar su patrimonio ante la Oficina Anticorrupción (OA), sólo 24.933 (un 52 por ciento) terminaron correctamente el trámite. Otros 16.039 lo hicieron “a medias”. Y un grupo de 6.126 pasó a integrar la lista de “incumplidores”, en la que figuran segundas y terceras líneas de esta gestión y de la anterior.Así surge del informe que realizó la OA 50 días antes de la fecha límite para presentar las declaraciones juradas. Este año, el universo de obligados a informar públicamente su patrimonio incluye a toda la gestión kirchnerista -que tiene que presentar el informe de "baja" de la función- y a todos los que empezaron a ocupar cargos con la llegada de Cambiemos al gobierno. Las universidades nacionales, las fuerzas de seguridad y los ministerios de Cultura, de Ambiente y de Relaciones Exteriores y Culto se encuentran entre los organismos con menores índices de "cumplidores".

Para estar en regla, los funcionarios tienen que cumplir con varios pasos. La primera etapa consiste llenar los formularios online N° 1245 y N° 1246 en la página web de la AFIP. En un sobre aparte, además, los ministros, secretarios y las terceras líneas tienen que llenar los "datos reservados" del patrimonio, que incluyen la declaración de familiares, los antecedentes profesionales y otra información sensible, como la vinculada a las tarjetas de crédito.


Todos los ministros y ex ministros y las primeras líneas -tanto de la gestión anterior como de la actual- ya hicieron público su patrimonio. La OA estipuló, en tanto, que un tercio de los obligados realizaron la etapa online, pero no cumplieron con la presentación formal de toda la información (pública y reservada) ante las áreas de recursos humanos de sus ministerios.

Un 13% de los obligados, en tanto, ni siquiera empezó el proceso. Entre los nombres más resonantes de la nómina de incumplidores está, por ejemplo, Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente que se desempeñó dentro del Ministerio de Planificación como subsecretario de Coordinación de Obra Pública, bajo el ala de José López. En esa misma área, tampoco informó su patrimonio el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala.

Tampoco hicieron su presentación el ex secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional Ricardo Forster, el ex director de la Biblioteca Nacional Horacio González y el ex titular del Centro Cultural Haroldo Conti Eduardo Jozami, tres de las caras más visibles del colectivo Carta Abierta. De la actual gestión, entre quienes adeudan su declaración patrimonial se encuentra el embajador argentino en España Ramón Puerta.

Los incumplidores ya fueron intimados en junio a realizar la presentación de bienes. A partir de ahora empezarán a correr las sanciones. A los funcionarios salientes que no cumplieron se les podría impedir el regreso a la función pública, mientras que a los que están activos, se les podría descontar el 20 por ciento del sueldo. "En algunos casos se puede llegar a una denuncia penal por omisión maliciosa", informaron aLa Nación desde la OA.

En algunas áreas se registraron niveles casi nulos de cumplimiento. Es el caso de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Prefectura Naval, donde se registraron sólo nueve declaraciones juradas entre más de 6000 efectivos. En las universidades nacionales, los índices de presentación no superan el 5 por ciento. Si se contemplan los ministerios, entre los que muestran graves faltas están Cultura (sólo 11 por ciento de cumplidores), Ambiente (17 por ciento), Cancillería (25 por ciento) y Defensa (35 por ciento). En el otro extremo de la tabla, el Ministerio de Transporte está totalmente al día.

La titular de la OA, Laura Alonso, destacó que, tras la publicación de la primera nómina de incumplidores a principios de junio, muchos funcionarios buscaron ponerse en regla y el número de declaraciones juradas casi se cuadruplicó. "Queremos concientizar a los funcionarios sobre la obligatoriedad de cumplir para que cualquier persona pueda controlar los patrimonios a través de Internet", señaló a este medio.

Fue a partir de los informes patrimoniales que se iniciaron, por ejemplo, las investigaciones por supuesto enriquecimiento ilícito de López o de Julio De Vido; o la causa contra Mauricio Macri por presunta "omisión maliciosa" en su declaración jurada de 2008, que se abrió este año en Comodoro Py.