JUICIO ABREVIADO PENAS POLICIAS.

En juicio abreviado, cuatro de los seis policías acusados de violar a dos adolescentes de 13 y 14 años en el predio de la Departamental Paraná de la Policía, ubicado en calles Palma y Pronunciamiento –ex ferrocarril- en julio de 2016, acordaron penas condicionales y medidas coercitivas. Se trata de cuatro efectivos que no habrían participado del ataque sexual a las menores y tres de ellos están acusados de acción por omisión, es decir que no defendieron a las chicas. Tres de los policías recibirían tres años de prisión condicional y el restante –acusado de falsificar el libro de guardia donde prestaba servicios- recibiría la pena de un año de prisión condicional y el doble de inhabilitación para ejercer ese tipo de funciones. La audiencia de juicio abreviado se realizó en la tarde del martes ante la jueza Paola Firpo, quien decidió tomarse hasta el próximo martes para analizar las pruebas y los términos del acuerdo y luego deberá decidir si lo homologa.

Llegaron a la audiencia presidida por la jueza Paola Firpo, cuatro de los seis policías acusados de estar involucrados en el ataque sexual que sufrieron dos chicas de 13 y 14 años, que vivían en el Hogar Mujercitas del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf). 

“Se acordó tres años de prisión condicional para tres de ellos, y el cuarto, recibirá una condena distinta porque el tipo penal que se le imputa es otro”, explicó José Barbagelata, el abogado defensor de uno de los implicados. Asimismo, aseguró que “por el momento, los policías están con una inhabilitación”. 

Por su parte, el abogado Carlos Albornoz, defensor del policía acusado de “falsificar el libro de guardia donde prestaba servicios”, indicó que la pena que se acordó para éste “es de un año, y el doble de inhabilitación para ejercer ese tipo de funciones”. 

Barbagelata mencionó que no estuvo presente en esta audiencia el querellante que representa a una de las menores. “La jueza acordó un cuarto intermedio hasta el martes 28, para poder escuchar al doctor Mulet, para que nos comente en la audiencia que opina la menor que representa”, dijo. 

Al ser consultado, Albornoz mencionó que según trascendió en la audiencia, las menores "continúan bajo tratamiento, a cargo del Copnaf, una de las chicas, viviendo con un familiar directo (con su abuela) y la otra, con una pareja".

Los hechos

En la madrugada del 5 de julio de 2016, dos adolescentes de 13 y 14 años fueron violadas por policías en el predio de la Seguridad Deportiva de la Departamental Paraná de la Policía, ubicado en calles Palma y Pronunciamiento. Los acusados estuvieron hasta el 26 de agosto siguiente alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, con prisión preventiva, y luego les morigeraron las medidas cautelares.

Las víctimas habían salido del hogar del Consejo Provincial del Menor Adolescencia y Familia (Copnaf) Mujercitas, el martes 5 de julio, y comenzaron a deambular por el predio del ex ferrocarril. En circunstancias que se investigan, fueron ultrajadas por efectivos que se encontraban de guardia. La situación salió a la luz luego de que una de las víctimas recibiera atención en el hospital San Roque. Inmediatamente los médicos dieron inicio al Protocolo de Abuso Sexual.

Si bien en un primer momento se pasó a disponibilidad a toda la guardia para transparentar la investigación, después se deslindó responsabilidad de muchos policías.

En el acuerdo los policías aceptaron penas de cumplimiento condicional, así como una serie de restricciones. Para tres de ellos se tuvo en cuenta que, en un primer momento, estaban en el vagón con las menores, pero luego se retiraron sin saber lo que los dos compañeros que quedaron allí iban a hacer en su ausencia. Por esto, acordaron pagar con tres años de prisión condicional.

El cuarto de los acusados enfrenta la imputación por falsificación de documento público, ya que alteró algunos nombres y horarios en el libro de guardia del destacamento, con el objetivo de beneficiar a uno de los policías en el hecho investigado. Aceptó un año de prisión condicional. 

En un primer momento, el juez Mayer entendió que las evidencias reunidas en el expediente no acreditaban los hechos imputados como fueron planteados a cada uno, por lo que decidió rechazar el acuerdo tal como fue presentado. Las partes apelaron esta resolución ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones, donde plantearon que debería dictarse la condena de penas condicionales para quienes estuvieron en el predio de la Guardia Especial aquella madrugada, pero no participaron de los abusos, lo que a su vez permitirá llevar a juicio a quienes están sindicados de cometerlos. La vocal Elisa Zilli entendió que les asistía razón a las tres partes que se quejaron de la opinión de Mayer, por lo cual anuló la resolución del juez de Garantías y envió el legajo a otro Juzgado para que resuelva nuevamente al respecto.

Esta vez, la causa recayó en la jueza Paola Firpo, quien este martes a la tarde escuchó los argumentos de los representantes de la acusación pública, privada y la defensa. La magistrada se tomará unos días para analizar las pruebas y los términos del acuerdo, y finalmente dictará una nueva resolución.