Taselli es el propietario de Santa Elena Alimentos SA, la firma que explota el ex frigorífico regional de Santa Elena, con conflictos gremiales bastante seguidos.
La Justicia dictó ayer el procesamiento del empresario, al considerarlo responsable del desvío de fondos y vaciamiento de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Además, le estableció un embargo por 45 millones de pesos, por la causa judicial iniciada en 2001.
Las pericias contables ordenadas por la Justicia revelaron que el empresario es el responsable del desvío de fondos y vaciamiento de YCRT por un monto aproximado a los 150 millones de dólares.
El auto de procesamiento fue emitido el 23 de noviembre por el juez federal Sergio Gabriel Torres titular del Juzgado Federal N° 12. En él se indica que es “por considerarlo prima facie penalmente responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta, agravada por ser en perjuicio de la administración pública en calidad de autor”.
“Después de demasiados años se ha logrado que por fin la Justicia procese a Taselli por el daño que le hizo a la empresa” indicó a LU 12 el gremialista Raúl Wanzo, quien impulsó la denuncia penal contra Taselli. Y aclaró que si bien el embargo es por 45 millones de pesos, “el daño que está calculado por la primera intervención se estimó en 180 millones de dólares, por todo lo que no hizo, por la forma en que dejó el yacimiento, que luego después fue solucionado en gran parte por la inversión que realizó el gobierno nacional, con dinero de todos los argentinos”,
En 1994, el gobierno nacional privatizó Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF). La concesión fue ganada por un consorcio liderado por el grupo Tasselli, un experto en comprar empresas en dificultades. En el caso de YCF recibió la compañía con un subsidio estatal de 22,5 millones de pesos o dólares durante 10 años y un contrato de provisión de carbón a la usina térmica de San Nicolás. En ese período se cometió el delito por el cual hoy es juzgado el polémico empresario.
Además, Taselli afrontará un juicio oral y público por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” por 35 millones de dólares cuando estuvo al frente de la concesión del Ferrocarril Roca, entre 1994 y 2002.
El fiscal federal Federico Delgado formuló el requerimiento de elevación a juicio oral a la jueza federal María Servini de Cubría, quien está a cargo de la investigación.
