El proyecto fue presentado por integrantes de Entre Ríos Laica, una entidad que tiene por objetivo “imaginar y construir nuevas formas de vincularse, participar y respetarnos, reconociendo y valorando la multiplicidad cultural y religiosa”.

Uno de los impulsores de la iniciativa es Renzo Righelato, quien contó  que recibieron el apoyo de entidades de diferentes puntos del país, como la Asociación Civil Arg-Atea de Buenos Aires y la Asociación de Ateos de Mar del Plata. “Ahora se está discutiendo en las universidades públicas de Entre Ríos, para recibir el apoyo de cátedras”, reveló.

En sus fundamentos, el proyecto de ley sostiene que “la libertad de conciencia es un principio irrenunciable del programa de la Ilustración burguesa” y que “no es lo mismo sostener la libertad religiosa que la libertad de conciencia”.

“La forma de la enunciación determina la norma y afirmar que hay libertad religiosa discrimina a quienes no creen en sistemas de pensamiento producto de un modo de producción primitivo, que identifica a otro y que debe ser marginado, ya que en su sistema axiológico valora más la ciencia moderna, producto del pensamiento del ser humano, que un sistema de creencias que se sostiene por un criterio por revelación”, afirma el texto, al que tuvo acceso esta Hoja.

En otro párrafo, se repasa la Constitución Nacional y se subraya que la Argentina es un país que “no tiene una religión oficial”, pero que aunque tenga “un Estado no confesional, sí invoca a la idea de Dios en el Preámbulo”.

En la práctica –también mencionan los autores- se dispone de fondos públicos para “sostener” a la religión Católica Apostólica Romana.

“Entre Ríos no está exenta del laicismo”, saludan, no obstante, desde la entidad. Y destacan que nuestra Constitución “ni siquiera reconoce como principio del pensamiento y fundamento de su Carta Magna a ninguna idea de Dios, por lo que se reivindica la conciencia de los habitantes”. La garantía de “libertad de conciencia” –hay que decirlo- puso a Entre Ríos a la vanguardia de varias provincias, pero esto no fue precisamente en la Convención Constituyente de 2008, sino los constituyentes del ’33.

En la última reforma constitucional de la provincia hubo iniciativas para introducir la religión católica en el Preámbulo, pero se respetaron las garantías vanguardistas de la década del ’30.

En el proyecto se apunta a jurisprudencias nacionales e internacionales. Se recuerda que el 25 de noviembre de 1981, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones y que nuestra carta magna se adhirió a los tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “donde se garantizan el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades a todas las personas sin discriminación alguna por religión u otros motivos”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que “la Constitución desechó la proposición de que el catolicismo fuera declarado la religión del Estado y la única verdadera”.
 

• Violencia

Para la entidad, que impulsa la iniciativa que pide el retiro de las imágenes y símbolos religiosos que se hallen de modo “fijo y permanente” en edificios y espacios públicos, sostiene que con la presencia de los mismos se ejerce “una violencia simbólica sobre quienes no creen en esos íconos o profesan otras religiones”.

El proyecto de ley fue el último que ingresó en la Oficina de Sugerencia Ciudadana de la Cámara de Diputados. Según el procedimiento, debe tomar estado parlamentario en la próxima sesión y luego ser tomado como propio por parte de un legislador para su posterior tratamiento.

La prohibición de íconos religiosos en los espacios públicos se implementó en Santa Fe, por impulso de Hermes Binner. El tema forma parte de la doctrina del Partido Socialista que, en Entre Ríos, tiene dos representantes: los diputados provinciales Lisandro Viale y María Emma Bargagna.
 

• Excepciones

El proyecto de ley cuenta con sólo cinco artículos. El cuarto dice que “las imágenes y motivos religiosos existentes al momento de la sanción de la presente ley deberán ser removidos en el plazo de doce meses”. En el artículo anterior “se exceptúan de la aplicación de la presente Ley los símbolos e imágenes ubicadas en cementerios”.