La Municipalidad de Paraná avanzó en los últimos meses en la clausura de todos los prostíbulos que funcionaban en la ciudad. Ocho lugares de esos denominados con eufemismos como whiskerías, cabaret, casas de tolerancia o bares con alternadoras fueron cerrados y a las mujeres que allí se desempeñaban se les abrieron posibilidades de reinserción laboral a través de capacitaciones en talleres de oficios.
Sin embargo, esto es apenas un mojón en la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas. Hace unos días, se presentó en la Justicia Federal de Paraná una denuncia para investigar el caso de una mujer que estaría siendo sometida en la capital provincial.
La denuncia fue promovida por la titular del Área municipal de la Mujer, Cristina Melgarejo, quien presentó un escrito para que se investigue esta situación.  la funcionaria evitó dar detalles del caso, pero confirmó que la investigación judicial ya está en marcha y que la semana pasada fue citada a declarar por el fiscal federal Mario Osvaldo Silva para lo que se denomina “investigación preliminar”, que es la instancia en la que se colectan los elementos de prueba y se analiza si corresponde solicitar al juez la instrucción formal de una causa.
“El caso está bajo investigación y se está manejando con mucho cuidado; desde el área municipal hemos aportado todo lo que teníamos y ahora está todo en manos de la Justicia”, dijo la funcionaria sin dar mayores precisiones.

EQUIS. A pesar del secreto que rige la investigación, trascendió que se trata de una mujer mayor de edad, llamémosla Equis, que vive en un barrio de Paraná y que sería obligaba a ejercer la prostitución fuera del ámbito de los prostíbulos.
Al parecer, el caso llegó a oídos de los funcionarios municipales por una tercera persona, allegada a la víctima, que advirtió que Equis era víctima de violencia doméstica, situación que ella misma ya había denunciado en los tribunales provinciales. Sin embargo, a partir de las averiguaciones e indagaciones realizadas desde el Área Municipal de la Mujer se supo que Equis era también parte de un circuito ilegal de prostitución y explotación sexual en Paraná.
Cuando el caso se presentó ante las autoridades municipales, se inició una investigación con personas vinculadas a Equis, ya que la mujer en todo momento se negó a denunciar la situación que viene soportando.
A partir de la recolección de testimonios y cruces de información, se detectó que además de la violencia doméstica podría haber también un posible caso de trata de personas, por lo que las autoridades municipales decidieron radicar la denuncia en sede judicial y así lo hicieron a través de un escrito suscripto por Melgarejo y la secretaria de Derechos Humanos, Florencia Amore.
Al respecto, Melgarejo reconoció que “a pesar del cierre de los prostíbulos se han recibido denuncias de que se abren algunos lugares privados, ante lo cual el municipio ha intervenido y se pidió también la intervención de la Justicia”, al tiempo que destacó el trabajo desarrollado “con la División Trata de Personas de la Policía para establecer si abren o no estos lugares, a pesar de estar clausurados”.

La letra de la ley

En el caso de Equis, el proxeneta podría ser acusado por el delito de promoción y facilitación de la prostitución, comprendido en el artículo 126 del Código Penal, que establece una pena de cuatro a 10 años para “el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución de mayores de 18 años mediando engaño, abuso de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción”. Más aún, para la configuración de este delito se exige que el autor promueva o facilite esta actividad para obtener un beneficio material.
También podría ser imputado por infracción a la ley de profilaxis antivenérea, una normativa que data de 1937 y que castiga no el ejercicio de la prostitución pero sí, la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena.
Otra figura que podría caberle es la de trata de personas, que pena a quien captare, transportare o trasladare, acogiere o recibiere personas mayores de 18 años, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación; inclusive se plantea como un agravante si se tratara de un familiar directo.