A 25 años de la sanción de la ley que permite a una pareja divorciarse, la separación legal ha generado múltiples tendencias y una cantidad estable de divorcios por año.
Durante la última década (2000-2010) hubo un leve aumento de los divorcios y cayeron los casamientos. Según los datos del último Censo, entre 2001 y 2010 hubo 564.396 separaciones legales en todo el país.
Entre 1987 y 1989 salían 114 divorcios por día.
En el decenio siguiente bajaron a 87 diarios.
Pero entre 2001 y 2010 el promedio da 172 divorcios cada 24 horas.
En 2001 los divorciados representaban el 4,8% de la población, mientras que en 2010 subieron a 5,8%. Son datos contundentes, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta antes de la ley se estima que había 3.000 separaciones por año. Sin embargo, el pico de divorcios en la Ciudad de Buenos Aires (el lugar del país donde más ocurren) en la última década ya no es reciente: ocurrió en 2007 y tuvo 7.559 casos, la mayor cantidad desde 1991, cuando todavía vibraba la onda expansiva de la ley.
Si la cuestión se mira con la lupa del género son las mujeres las que activan la separación. Si bien los registros marcan que más del 90% de los trámites de divorcio se inician de común acuerdo, en seis de cada diez casos son las mujeres las que lo activan . La mayoría ronda los 40 años, aunque también hay muchos casos de entre 25 y 35 años.
En promedio, las mujeres que inician el divorcio llevan menos de 10 años de casamiento. Y son cada vez más los matrimonios que se disuelven con entre cinco y ocho años de duración. Ellas trabajan pero su sueldo en la mayoría de los casos es menos importante que el del hombre.
Cuando se trata de matrimonios con hijos, en 9 de cada 10 casos la tenencia es otorgada a las madres. Responde a un marco legal que les da ventaja ya desde 1869, cuando se promulgó el actual Código Civil, que estableció que los niños y niñas menores de 5 años debían quedar siempre a cargo de la madre. Con la sanción de la ley de 1987 se agregó una excepción: “quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor”, como por ejemplo maltrato o prostitución.
