Dos ex funcionarias de la Facultad de Ingeniería de Oro Verde aceptaron cumplir con penas de prisión condicional tras ser acusadas en un juicio abreviado por sustraer fondos para gastos personales y otros que no fueron justificados durante 2006. La suma de 1.773 pesos suena escasa en relación a los montos que maneja una casa de altos estudios, pero las dos mujeres utilizaron ese dinero, según pruebas de la investigación, para comprar alimentos, productos de limpieza, del rubro perfumería, medicamentos, témperas, artesanías, revelado de fotos y hasta comida para perros y gatos entre otras cosas que nada tenían que ver con las necesidades de la Facultad. El decano las denunció y se desató el escándalo puertas adentro de la academia.
Élida Beatriz Ita se desempeñaba como jefa del Departamento Contable, y Ana Teresa Carrasco era la jefa del Área División Supervisión Patrimonial de la unidad académica que pertenece a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Además, ambas son hermanas.
El entonces decano de la Facultad, César Raúl Osella, radicó la denuncia en la Fiscalía federal debido a que detectó irregularidades en rendiciones de cuentas con su firma falsificada. Además, reparó sobre la existencia de gastos injustificados, por lo cual se inició el sumario administrativo interno.
Las acusadas administraban unos 4.000 pesos de la Rendición Anticipo para Gastos, los cuales se corresponden a compras menores abonadas con sumas pertenecientes a la llamada “caja chica” (por el monto y la metodología de compra).
En los tickets y facturas presentados como comprobantes de dichos gastos aparecieron comercios y detalles de mercadería que no correspondían a lo que la Facultad necesitaba. Incluso algunos de ellos eran de locales de artesanías de la ciudad de Mendoza, donde las mujeres viajaron en una oportunidad.
Según la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, las mujeres “se apartaron de las normas que rigen sus funciones, utilizando los fondos que le fueran confiados por la Administración Pública con fines distintos a los reglamentariamente establecidos. Así, una suma que ascendió a la cantidad de 1.773,92 pesos -lo que constituyó el perjuicio patrimonial irrogado al Estado Nacional-, fue empleada con el objeto de adquirir: 1°) elementos exclusivamente de carácter personal; 2°) efectos para los cuales no estaban habilitadas según la normativa que reglamenta sus respectivas funciones, y 3°) compras y/o adquisiciones que, en algunos casos, fueron concretadas en días o jornadas en que ninguna de ellas concurrieron a prestar sus servicios a la Entidad Educativa y/o durante los fines de semana”. Además, se afirmó que los comprobantes presentados “ni siquiera encuentran justificación de su parte”.
Además, según el resultado de una pericia caligráfica realizada por personal de la Gendarmería Nacional, se determinó que las firmas de Osella y las atribuidas a Alberto Servín (personal de ordenanza) no correspondían a sus puños y letras, por lo que eran apócrifas.
Ayer se llevó a cabo un juicio abreviado a Ita y Carrasco, quienes estuvieron defendidas por Jorge Alberto Legascue, donde ambas reconocieron sus responsabilidades en el delito de Peculado. De esta manera, tras dialogar con la fiscal de Cámara Marina Herbel de Pajares, manifestaron su acuerdo en cumplir con penas de prisión condicional: dos años para Carrasco y tres años para Ita, ya que se le atribuyeron dos hechos. El Tribunal Oral Federal de Paraná en principio manifestó su conformidad con el acuerdo, aunque resta esperar la sentencia.
Otra grave denuncia
Élida Beatriz Ita tenía otra causa judicial por el delito de malversación de caudales públicos, iniciada también tras la denuncia radicada por el exdecano de la Facultad de Ingeniería de la UNER, César Osella, en mayo de 2009. La misma se basó en una pericia contable realizada en la unidad académica, de la que surgió un perjuicio fiscal de 78.173 pesos.
Según la Fiscalía, Ita era responsable de este hecho, como responsable de la Caja Interna de Funcionamiento General para la atención de gastos menores, del manejo, administración y rendición del Fondo General, destinada a la atención de gastos de bienes y servicios y del Fondo Fijo. Por lo tanto, como funcionaria pública en la Facultad de Ingeniería, “quebrantó la buena marcha patrimonial de la administración pública mediante la violación de su deber de probidad, al apartar los caudales cuando no estaba autorizada para ello”, afirmó la acusación.
Comprobantes “incomprobables”
Entre los comprobantes de pago presentados que intentaban justificar los gastos se encontraron: Estación de Servicio Mateos, sin detallar el vehículo de la carga de combustible, Shell Hipódromo, Mundo Fotográfico, Supermercados Norte (donde adquirieron zanahoria y lavandina), La Peruana, Casa Olivares (comercio de la ciudad de Santiago del Estero, donde en esa fecha las acusadas estaban de viaje), La Vieja Estación (de Libertador San Martín), Centro Artesanal Argentino y Laboratorio Ramón, de la ciudad de Mendoza, por concepto de artesanías y revelado de fotos, en fecha en que Ita y Carrasco se encontraban allí también de viaje; un ticket del remisero Eduardo Gualberto Ripari, Mercería Emaquiel, Kraft (compra de témperas, pinceles y goma de pegar), Carnicería Vital (14,80 pesos en concepto de alimento para perros), Confitería La Vieja Estación, Supermercado Wal-Mart, La Nueva Entrerriana (fábrica de pastas), heladería Bahillo, Textil Alem, Cadenas de Farmacias Mitre, despensa La Familia, Corralón Oro Verde y Farmacia Catedral II, donde adquirieron un esmalte de uñas
