Justo José Ilarraz, cura ordenado en Paraná en diciembre de 1983, a cargo de los dos primeros años de la escuela secundaria orientada al sacerdocio en el Seminario Arquidiocesano, entre 1985 y 1992, acusado de graves abusos sobre menores puestos bajo su tutela, no podría ampararse en la prescripción de los delitos que se le imputan para zafar de una eventual condena judicial.
El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull elevó un escrito al juez de la causa, Alejandro Grippo, en el que fundamenta porqué no opera la prescripción en este caso y por cuáles razones deben ser rechazados los sucesivos pedidos presentados por el abogado defensor de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón. Se ampara en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y también en la denominada Ley Piazza.
En su escrito, el fiscal Ramírez Montrull asegura que si bien los abusos que se le endilgan a Ilarraz ocurrieron durante el año 1992 –la mayoría de las víctimas pertenecen a la promoción 1993-- se presume “que habría otras víctimas” que podrían haber sido afectadas. Y por eso es de la opinión que en esta etapa de la causa, “es apresurado afirmar” que el delito de corrupción de menores agravado que pesa sobre Ilarraz esté prescripto.

SILENCIOS. El cura Ilarraz enfrenta una causa por abusos luego de que un grupo de víctimas se presentara de forma espontánea ante la Procuración General de la Provincia, que en septiembre último elevó un requerimiento de instrucción al juez Grippo. En el último mes, han desfilado por Tribunales cinco víctimas que relataron su calvario en el Seminario cuando eran alumnos de secundaria, entre 12 y 15 años, y varios testigos, entre ellos un sacerdote, Leonardo Tovar, párroco de San Benito Abad, y un ex cura, Luis Bianchi, actual viceintendente de Hasenkamp.
Los hechos ocurrieron cuando Ilarraz fue prefecto de disciplina en el Seminario Menor, cargo en el que fue nombrado por el ex arzobispo Estanislao Estaban Karlic, de quien además fue su secretario privado y chofer personal, y con quien convivió al menos durante dos años en la residencia episcopal de la Costanera Alta. Entre 1985 y 1993, el cura, además, ejerció los cargos de director espiritual y confesor de los menores de los cuales luego abusó sexualmente. La mayoría de los hechos ocurrieron en los pabellones adonde dormían los estudiantes, y también en la habitación del cura, que fue inspeccionada por la Justicia el lunes último.
No ha declarado, sin embargo, ninguna autoridad eclesiástica, ni los responsables de la investigación diocesana que se hizo en 1995, y que probó las denuncias de las víctimas. Esa instrucción la llevaron adelante, en parte, los sacerdotes Silvio Fariña Vaccarezza, párroco de la Iglesia Catedral, y Alfonso Frank, vicario general de la diócesis de Concordia.
Tampoco la jerarquía eclesiástica ha brindado su testimonio, el cardenal Estanislao Karlic, el arzobispo Juan Alberto Puiggari, y el emérito Mario Maulión, los tres resguardados por fueros especiales que les permiten declarar por escrito y no presentarse en forma personal. El requerimiento hecho por el juez Grippo para que respondan si se ampararán o no en esos privilegios no ha sido aún respondido por ninguno de los tres.
Pero tampoco ha ocurrido un hecho clave en la causa: la declaración de Ilarraz, que permanece resguardado en Tucumán, sin aparecer en forma pública, suspendido desde el 7 de septiembre en el ejercicio del ministerio sacerdotal.

PLAZOS CAMBIADOS. En realidad, el próximo paso que se espera en el ámbito judicial en el marco de la causa Ilarraz es el pronunciamiento del juez respecto del planteo de prescripción hecho por la defensa.
La Fiscalía ya hizo conocer cuáles son sus fundamentos contrarios a esa petición de la defensa del cura.
En primer lugar, sostiene que si bien los hechos habrían ocurrido en 1992, también se presume la existencia de otras víctimas que podrían haber sido afectadas, padeciendo hechos similares, con lo cual no se puede establecer un límite temporal.
También considera que tras la sanción de la Ley Nº 26.275, más conocida como Ley Piazza –impulsada por el modisto Roberto Piazza—se modificó el texto del Código Penal en el apartado que habla de los plazos de prescripción en los delitos cometidos contra la integridad sexual de menores. Y si bien la aplicación de esa norma puede chocar con el impedimento de aplicar leyes con retroactividad, el fiscal Ramírez Montrull observó que en el país tiene rango constitucional la Convención Internacional por los Derechos del Niño, con lo cual se da preeminencia al interés superior del niño. Así, cuando existe conflicto entre los derechos e intereses de los niños frente a otros derechos e intereses legítimos, deberán prevalecer los primeros.
El fiscal emparienta los delitos sexuales contra menores con los crímenes de lesa humanidad respecto de los plazos de la prescripción y sostiene que aquellos delitos más severamente condenados por la sociedad conllevan una pena mayor y el plazo de prescripción también aumenta.
“En los casos de lesa humanidad la acción es imprescriptible precisamente porque el daño provocado es de tal magnitud que la herida no cicatriza. De allí que en el año 2003 nuestro Congreso de la nación otorgó jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Del mismo modo, los delitos sexuales sufridos por menores de edad justifican un cómputo diferencial del plazo de prescripción de la acción, ya que los daños producidos se perpetúan en el tiempo y se mantienen vigentes en la medida en que no hubo oportunidades reales de denunciar el hecho”, sostiene.
“El estado de vulnerabilidad en que se encontraban los menores en su calidad de internos pupilos del Seminario Menor, lejos de sus familias y con la sola asistencia del prefecto, Ilarraz, que como señaló uno de los denunciantes era elegido por muchos como su guía espiritual, considerado en muchas ocasiones como su “padre”, les impedía comprender la magnitud de lo que les estaba sucediendo e incluso tenían temor, dada la autoridad que significaba para ellos Ilarraz, de requerir ayuda”, dice la presentación del fiscal.
Por eso, ninguna de las víctimas pudo antes iniciar la acción judicial, hasta que hubo intervención de oficio de la Procuración.



La primera piedra


R.L.


La Iglesia de Paraná no ha sabido hasta ahora hacer frente al escándalo surgido luego de que saliera a la luz la existencia de un cura pedófilo, que durante casi una década tuvo bajo su responsabilidad a los menores que cursaban la escuela secundaria que funciona en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo.
Justo José Ilarraz es ahora un sacerdote de 54 años convertido casi en un monje ermitaño, que no habla, no se deja ver, no sale a la calle, no da misas, pero entre 1980 y 1990 hizo y deshizo a su antojo sobre los destinos de un grupo de adolescentes puestos a su cuidado. Y cuando todo aquello se denunció, cuando los abusos asomaron apenas a la luz, en 1995, no debió enfrentar el escarnio ni la denuncia en la Justicia por el delito de corrupción que cometió.
Se fue a otra diócesis, y sepultó su pasado, cobijado por la flaqueza de las normas diocesanas. Nadie nunca creyó jamás que fuera necesario que Ilarraz rindiera cuentas por sus actos, y en eso buena parte de la jerarquía eclesiástica tiene su grado de responsabilidad. Sólo que ahora muchos se hacen los distraídos. Nadie habla, tampoco, especulando con lo que pensará el otro, tanteando el terreno. Entre ellos, entre el clero, hay demasiados silencios.
“Si hablo, me cargo a todos en contra”, se excusó un cura cuando lo consulté sobre los abusos de Ilarraz.
No habló.
No es nuevo, eso.
En agosto de 2009, un sacerdote que abandonó el ministerio, escribió una carta incendiaria al arzobispo de ese momento, Mario Maulión, y habló de lo que hasta entonces muchos bisbiseaban.
“Los formadores del Seminario (que yo sepa) desde mi época hasta ahora, todavía no han hecho un examen de conciencia en relación a los ex-seminaristas y sacerdotes que han salido resentidos del Seminario, aun cuando cada uno es responsable ante Dios de sus propias decisiones. Y cuando digo examen de conciencia, sólo digo: buscar las causas... mirar adentro... Y si hay culpas que reconocer, pues hagámoslo y pidamos perdón de una vez. Ciertamente, monseñor Karlic necesitaría tomar parte en esto”, señaló.
Hablaba de otros silencios.
Tampoco ahora nadie ha mostrado estar dispuesto a un examen de conciencia, a pedir perdón, como lo ha hecho el papa Benedicto XVI por los abusos cometidos por clérigos en Irlanda.
Está buena parte del clero en una postura curiosa, como a la defensiva; otros, agazapados.
En la red social Facebook, donde todavía no prospera una campaña lanzada para “abrazar” al Seminario y ponerlo a salvo del escándalo Ilarraz, se leen comentarios que muchos otros repiten en las sacristías. “No olvidemos, los sacerdotes son seres humanos que pueden tener sus debilidades”, dicen, a modo de justificativo de los abusos cometidos por Ilarraz.
La inspección que realizó la Justicia el lunes al Seminario encontró esa misma cerrazón en las autoridades del lugar. El rector Mario Haller se mostró irritado con la visita de juez, fiscal y abogados, y algunos de sus colaboradores lo tomaron como una “invasión” a “su casa”.
Quizá de lo que se trate es de entender que se trató de un trámite judicial en procura de echar un poco de luz sobre un período oscuro del Seminario que, hasta ahora, había permanecido silenciado.
Bueno sería que muchos hombres de la Iglesia relean los textos del evangelista Juan, cuando replica palabras de Jesús: “La verdad los hará libres”