Carlos Darío Antonio Montiel fue indagado y quedó detenido en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, acusado por coacciones calificadas, un delito que prevé penas de entre cinco y diez años de prisión “si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”.
A partir de ahora, el juez federal Leandro Ríos tendrá diez días para resolver su situación procesal, es decir, si lo procesa, le dicta la falta de mérito o el sobreseimiento; y también si le dicta la prisión preventiva, consigna El Diario.
El 29 de octubre, Montiel fue condenado a cuatro años de prisión por el delito de trata de personas, ya que el Tribunal Oral Federal de Paraná lo consideró autor de la captación y traslado de una persona mayor de 18 años con fines de explotación, mediante el abuso de una situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, en los días previos a que se conociera la sentencia, el hombre habría llamado varias veces a los integrantes del tribunal, aunque solo logró comunicarse con Noemí Berros y Lilia Carnero, a quienes amenazó de muerte si le dictaban una condena, e indirectamente también lanzó amenazas contra el fiscal José Ignacio Candioti. Por ese motivo se dispuso una custodia de Gendarmería y otras medidas tendientes a resguardar la seguridad de los funcionarios judiciales.
Berros, que presidió el tribunal que terminó condenando al hombre, denunció las amenazas ante el juez Federal. A través de un escrito, la vocal dio detalles de las conversaciones que mantuvo con Montiel y asentó, palabra por palabra, las intimidaciones que le profirió tanto a ella como a sus colegas del tribunal y al propio fiscal, en caso de recibir una condena, como finalmente ocurrió.
Tanto las amenazas como los primeros pasos de la investigación se mantuvieron en estricta reserva. El juez dispuso una serie de medidas y ordenó la detención de Montiel apenas recibió el escrito de Berros, pero el hombre no fue localizado en ninguno de los domicilios adonde fueron a buscarlo y recién apareció ayer, cuando se presentó en el Juzgado Federal con su abogado José Esteban Ostolaza.
El mismo día en que se conoció la sentencia el fiscal Candioti solicitó al tribunal la inmediata detención del hombre, a partir de “hechos conocidos en los últimos días”, en una referencia implícita a las amenazas, y agregó que “han existido acontecimientos de renuencia por parte de Montiel que podrían constituir un riesgo procesal”. Sin embargo, el planteo no fue atendido por el tribunal.
Inclusive, el viernes pasado el propio coordinador de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), Marcelo Colombo, había manifestado su “preocupación” en una reunión que mantuvo con funcionarios de la Municipalidad de Paraná y representantes de organizaciones sociales en la que se abordaron diversos temas vinculados a la trata con fines de explotación sexual.
Una vez que el hecho se conoció públicamente, Lilia Carnero reconoció haber recibido “dos llamados” intimidatorios en su teléfono particular y señaló a Montiel como responsable: “Lo que pretendía esta persona era evitar la cárcel”. Sin embargo, trató de bajar el tono al asunto al manifestar que “los jueces siempre estamos expuestos a todo tipo de amenazas, es decir, mediáticas, directas, indirectas y hasta subliminales; eso hace a nuestra función y tampoco debe conmocionarnos tanto”.
En el mismo sentido, la vocal del Tribunal Oral Federal dijo a Elonce TV que “si alguna inquietud nos queda, es en el ámbito de nuestra intimidad, ya que siempre debemos seguir manejándonos en el ámbito de las Constitución y las leyes. Es tarea propia del magistrado sobreponerse a cualquier tipo de influencia”.
Lo cierto es que el tribunal no tomó ninguna determinación respecto del pedido de detención formulado por el fiscal y la detención de Montiel fue dispuesta por el juez Ríos. Entonces, ayer, después de declarar, el hombre de 41 años fue trasladado en una trafic del Servio Penitencia hasta la cárcel de Paraná, donde permanecerá hasta que se resuelva su situación procesal.
El caso
Carlos Montiel fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de trata de personas en perjuicio de una joven misionera de 19 años a la obligó a prostituirse en El Desafío, el prostíbulo que regenteaba en Concordia. La víctima fue reclutada el 6 de mayo de 2009 en la localidad misionera de San Vicente y trasladada por Montiel y otras dos personas hasta la ciudad entrerriana. En su declaración la joven dijo que le ofrecieron trabajo como niñera o empleada de casas de familia, pero que al llegar a Entre Ríos la llevaron a un prostíbulo, la encerraron en una habitación y le dijeron que debía mantener relaciones sexuales a cambio de ropa, comida y alojamiento. Al día siguiente logró escapar, pidió ayuda y contó la historia que terminó con la condena de Montiel.
