8 de noviembre de 2012 |
JUSTICIA ENTRERRIANA. |
QUIEREN IMPUTAR A HUGO VAZQUEZ.
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El paro del 19 de marzo decretado por la conducción del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) quedó en la historia de la ciudad de Paraná por la violencia y los destrozos. El reclamo era por los contratos caídos en la Municipalidad de Paraná pero la justicia de la queja se esfumó producto de los daños a instituciones estatales y los destrozos en vidrios e infraestructura al palacio municipal.
Tras una jornada tensa, el secretario del área Legal y Administrativa del municipio, Gustavo Acosta, realizó una denuncia penal, que ayer arrojó novedades.
El representante del Ministerio Público Fiscal, Juan Francisco Ramírez Montrull solicitó a la jueza de Instrucción Elisa Zilli que impute y llame a indagatoria al exsecretario general del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) y actual diputado provincial, Hugo Vázquez, por el delito de Instigación a la coacción. También el fiscal requirió la imputación y la indagatoria de la actual concejala de Paraná Graciela Quinteros y otros municipales. Las acusaciones sobre el resto de los denunciados varía entre Daños, Coacción y Daños y Peculado de servicio.
Si bien todavía no se fijó fecha para ninguno de los acusados, la comparencia de Vázquez en Tribunales se verá demorada, ya que por ser diputado provincial tiene fueros. No obstante, la causa contra los otros imputados continuará. Ellos podrán declarar ante la jueza y hasta ser juzgados en caso de que la magistrada considere que deban ser procesados. Fuentes judiciales y municipales consultadas explicaron que “el caso recién se inicia”.
A pocas horas del Día del Empleado Municipal, el exhombre fuerte del gremio en la capital entrerriana se enteró que sobre él pesan las imputaciones estipuladas en el artículo 209 y 158 del Código Penal. En el artículo 209 se determina que comete instigación el que “públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito... Mientras que en el artículo 158 menciona lo referido a la coacción: “Será reprimido con prisión de un mes a un año, el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga o boicot. La misma pena sufrirá el patrón, empresario o empleado que, por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro a tomar parte en un lock-out y a abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada”.
Trámite de desafuero Una vez presentada la solicitud de desafuero, deberá ser girada de manera inmediata a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara correspondiente, la que deberá emitir dictamen, en un plazo de 60 días. La Cámara deberá tratar la causa dentro de los 180 días de ingresada, aún cuando no exista dictamen de comisión. Si fuera denegado el desafuero, la suspensión o remoción solicitada, el juez continuará la causa según su estado. En este caso con los otros imputados, sin perjuicio de continuar también respecto del legislador cuando termine su mandato.
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