Intendentes de 14 municipios, pertenecientes a seis departamentos, se comprometieron a trabajar de manera coordinada con el gobierno provincial en el marco del protocolo de acciones destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en todas sus manifestaciones. La firma del acta de adhesión se llevó a cabo en Villaguay, con la participación de funcionarios y legisladores provinciales.

Además del intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, también rubricaron el acta de compromiso los intendentes de Chajarí, José Luis Panozzo; de Concepción del Uruguay, Carlos Schepens; de San José, Pablo Canali; de Villa Domínguez, Mario López; de Federación, Carlos Cecco; de Santa Ana, Mario Toler; de Villa del Rosario, Horacio Cracco; de San Salvador, Marcelo Berthet; de Herrera, Carlos Curuchet; de Villa Clara, Raúl Guy; de San Justo, Leonardo Cergneux; de Caseros, Oscar Francou; de Ubajay, Tomás Aguiar; y de Colonía Ayuí, Domingo Galeano. 

En representación de la provincia asistieron el ministro de Educación, Deportes y Prevención de Adicciones, Eduardo Lauritto; la secretaria general y de Relaciones Institucionales de la Gobernación, Sigrid Kunath, y la secretaria general del Ministerio de Gobierno y Justicia, Lucila Haidar. También estuvieron presentes la diputada provincial Claudia Monjo y el senador provincial Oscar Arlettaz. 

Durante el encuentro se abordó la problemática de la violencia en el ámbito escolar, la responsabilidad social en el abordaje de este tema y la violencia simbólica y mediática. Asimismo, se explicó en detalle el funcionamiento del protocolo provincial de acciones destinadas a la prevención y erradicación de la violencia, el Observatorio y el Registro Único de Denuncias. Además, los municipios pudieron exponer el trabajo que vienen dando en la materia. 

Una discusión transversal 

La secretaria general de la Gobernación, Sigrid Kunath, afirmó que hoy en día “el país está discutiendo el tema de la violencia” y aseguró que “desde el proyecto político que encabeza Sergio Urribarri en la provincia y Cristina Fernández de Kirchner en la Nación, nos encontramos trabajando por una sociedad más inclusiva, con más derechos”. 

En la provincia “estamos haciendo actividades casi semanalmente para escuchar a los que más saben, a los especialistas”, dijo. Recordó que “la semana pasada, una de las disertantes, la doctora Perla Prigoshin, expresó muy fuertemente que no se puede combatir aquello que no se visibilza y, en ese sentido, tampoco podemos hacernos los distraídos”. 

“No solamente tenemos una obligación como funcionarios, sino que también tenemos una obligación como seres humanos”, señaló e instó a que los docentes en las escuelas o cada uno que conozca situaciones de violencia, se anime a hablar. “Y para eso tiene que contar con todos los mecanismos a sus espaldas, que sostengan lo que está haciendo”, expresó. 

“Es una cuestión cultural que hay que empezar a romper, desarmar. Nadie tiene que hacerse el distraído”, reiteró a los presentes y mencionó manifestaciones de violencia simbólica: “Hace unas semanas veíamos una tapa de una revista de circulación nacional con un tratamiento absolutamente ofensivo hacia la figura de la Presidenta de la Nación. Y esto, como mujer, a mi también me lleva a pensar hasta dónde somos responsables como sociedad, al permitir estas cuestiones o no ponerlas en lugar de discusión”. 

Qué hacer 

Por su parte, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, agradeció al gobierno provincial y nacional por el “rápido involucramiento en una temática que verdaderamente nos alarma y que periódicamente vemos reflejado a lo largo y a lo ancho del país, en una suerte de desgracia repetitiva con distintas manifestaciones de violencia de género”. 

“Es una problemática que abarca a toda la familia y que es imposible de abordar sin el tratamiento por parte de los tres estamentos del Estado. Sin esa articulación no hay posibilidad de llevar adelante una política seria”, afirmó Fuertes. 

El anfitrión destacó la creación de un protocolo, porque “a veces uno hace un montón de tareas que no fructifican”. En cambio, “ahora rápidamente estamos encaminados en esto que viene a responder el interrogante de qué hacer ante un caso de violencia. Crear un protocolo de acciones es muy importante, porque a veces eso sucede y no se sabe de un lugar donde la persona puede ir, se la pueda aislar de ese episodio de violencia o acompañar desde el punto de vista médico, jurídico, psicológico, mediante una política abarcativa del problema”, explicó. 

“Esta es una tarea importante y muy compleja que tiene que ver con que no hay posibilidades de abarcarlas en soledad sino en conjunto, por tal motivo celebro esta iniciativa”, concluyó. 

En el mismo sentido se manifestó la diputada provincial del departamento Villaguay, Claudia Monjo, quien sostuvo que “es importante que esto no quede en mera formalidad o voluntad de dar solución al problema. Ahora se ha dado un paso más con la creación de un Registro, y con el hecho de que la provincia trabaje con los municipios vamos a poder avanzar”. 

“Como mujer particularmente me parece que, si bien la violencia de género ha existido siempre, debemos dar una batalla cultural con el machismo que muchas veces esta internalizado en las propias mujeres. Es una cuestión cultural que debemos ir derribando poco a poco”, concluyó. 

Un programa de gobierno 

A su turno, la secretaria general del ministerio de Gobierno y Justicia, Lucila Haidar, explicó en detalle el funcionamiento de los mecanismos establecidos en el protocolo interministerial intersectorial de acciones destinadas a la prevención, protección y asistencia integral de la violencia de género y violencia familiar; así como del Registro Único de Denuncias y el Observatorio. 

“Este protocolo tiene más que las políticas de un protocolo corriente, las características de un programa de gobierno”, afirmó y agregó que “por eso están involucrados los diez ministerios, el Poder Judicial y el Poder Legislativo”. 

En el caso de los ministerios, Haidar explicó que “cada uno tiene un protocolo específico de actuación” y reiteró que a este “trabajo hay que llevarlo a cabo de manera conjunta con el Poder Judicial; y además tiene la particularidad de no ser algo que queda centralizado en la provincia, sino que es una tarea que venimos desarrollando con cada uno de los municipios, que es la primer comunidad de contención”. 

“Para llevar a cabo la réplica necesaria, tenemos que lograr la primer recepción del municipio, el involucramiento de la provincia y el apoyo de todos los organismos nacionales que están dedicados al tema”, precisó. 

Ciclo de formación 

Por otro lado, Kunath también remarcó las múltiples instancias de formación y capacitación que se están llevando a cabo en la provincia con la colaboración de distintos organismos nacionales. En ese orden, mencionó la visita hace poco de la secretaria a cargo de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Laura Balart; la directora nacional de Asistencia Técnica del Consejo Nacional de las Mujeres, Natalia Turbiner; y de Chantal Stevens y Laura Masson, dos funcionarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que trabajan en el abordaje de la violencia de género y de la trata de personas”. 

Además, “la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Mariana Gras Buscetto, se interiorizó del trabajo que Entre Ríos ha emprendido entre todas sus áreas de gobierno, en una reunión que mantuvimos la semana pasada en Buenos Aires, derivada por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, donde también acordamos líneas de acción en conjunto”. 

Asimismo, en ese marco, visitó la provincia la titular de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), Perla Prigoshin, quien disertó junto a Balart y la jueza María Laura Garrigós sobre las sanciones a la violencia de género y la discusión en torno a la figura del femicidio. Esa actividad fue organizada de manera conjunta entre el gobierno de Entre Ríos, a través de la subsecretaria de la Mujer, Myriam Bianqueri; la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina que preside la jueza paranaense, Susana Medina de Rizzo; y la delegación entrerriana del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, a cargo de Cristina Ponce. 

Además, una semana antes, el fiscal Federal cordobés Maximiliano Hairabedian, especialista en el abordaje de la trata de personas y autor del libro Tráfico de personas, dictó una capacitación destinada a funcionarios provinciales y fuerzas de seguridad, con amplia participación. 

En ese sentido, Kunath consideró que “nuestra respuesta tiene que estar basada en la promoción de los derechos y de vínculos más saludables para alcanzar una sociedad más justa e inclusiva”.