El ex senador justicialista Félix Abelardo Pacayut enfrentará un nuevo juicio oral y público, esta vez, por la supuesta apropiación de dineros públicos que estaban destinados para el Puerto Ibicuy. En mayo de 2011 había sido condenado en la causa por Mazaruca, la cual está en la Corte Suprema de Justicia. En rigor, en este nuevo debate se investiga qué destino tuvieron unos 20 millones de dólares producto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debieron dirigirse a la construcción de un muelle de aguas profundas, en el sur de la provincia. Además del ex legislador están involucrados su hermano, Carlos Pacayut, Norberto Dourrels, Rafael Morana, Alberto Gavio, Aldo Navarro, Julio Ivanovich y Carlos Loveras. El inicio de las audiencias está previsto para el 3 de diciembre, ante la Cámara Primera de Paraná. La investigación la inició la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Cobró forma de denuncia formal en la Justicia el 31 de marzo de 2001, aunque los hechos ocurrieron en 1997, durante la segunda gobernación de Jorge Busti.

El delito por el que se los acusa es el de peculado y tiene relación directa con el destino de los fondos destinados al Puerto Ibicuy. Una entidad civil constituida para administrar los recursos, la Comisión de Fomento pro Desarrollo del Puerto de Ibicuy, hizo el llamado a licitación privada y adjudicó los trabajos de remodelación de la terminal portuaria a la firma Perfomar SA, por un monto próximo a los 30 millones de dólares.

El contrato de obra fue rubricado por los hermanos Carlos y Abelardo Pacayut, entonces titulares del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), respectivamente. Durante la administración del radical Sergio Montiel, la FIA investigó ese contrato de obra y pudo establecer que un año después de la firma, en 1998, Perfomar cedió el contrato a los organismos que conducían los hermanos Pacayut. Los trabajos no llegaron a ejecutarse tal cual lo previsto.

A Abelardo Félix Pacayut ya le pesa una condena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de cargo público y una multa de 45 mil pesos por el caso Mazaruca. Se lo condenó por haber hecho pasar a su esposa por indigente para conseguir un título gratuito de una vivienda del Estado cedida por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) cuando era legislador.