Parece una señora elegante que prefiere no revelar su edad. Pero es el Estado argentino el que oculta muchos números. Son cifras de las que no se habla, más allá del grado de credibilidad que puedan tener las que sí se exponen. ¿De qué se trata? De los números implicados en las obligaciones contingentes que se acumulan en forma creciente, derivadas de reclamos judiciales de particulares y de empresas que sienten que, a causa de una acción u omisión oficial, se vulneraron sus derechos. El escaso apego a las normas jurídicas del Gobierno ocasiona reclamos que, de perderlos, podrían llevarse 75 por ciento de las reservas. El país acumula una serie de juicios millonarios, que se traducen en la suma de 32.144 millones de dólares, nada menos que 75 por ciento de las reservas que hoy están acumuladas en el Banco Central. O la cuarta parte de la recaudación impositiva de todo este año.

Según publicó La Nación, buena parte de esa deuda que posiblemente deberá asumir la Argentina -en gran medida, se supone que cuando ya no esté el gobierno actual- no es hoy cuantificable.

Miles de Jubilados, tenedores de bonos en default y accidentados en el transporte público; empresas como Repsol o Marsans, la ex dueña de Aerolíneas Argentinas, o accionistas las eliminadas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP); compañías que consideran inequitativo pagar impuestos por sus ganancias sin poder hacer ajustes por inflación en sus balances, y firmas mineras que reclaman por los cambios en la estabilidad fiscal prometida son algunos de los juicios que se tramitan en el país o en instancias internacionales.

A la lista de los que intentan hacer valer sus derechos y reclaman una indemnización por considerarse afectados, se suma la Sociedad Rural Argentina, perjudicada por la decisión oficial de anular la compra, hecha hace más de 20 años, y expropiar el predio de exposiciones del barrio de Palermo.