Los legisladores entrerrianos sesionarán esta semana para debatir el proyecto de ley que busca dar una solución definitiva a la falta de vivienda digna para el sector más vulnerable de la población, que no puede acceder a otros planes habitacionales. Varios senadores y diputados adelantaron el regreso de sus vacaciones y algunos de la oposición ya anticiparon su respaldo esta iniciativa. "Si el objetivo es la erradicación de villas y asentamientos, y para ello se necesita la creación de un fideicomiso y un tributo que grave la transferencia gratuita de bienes con un criterio de progresividad, no vemos la razón para no apoyar esta norma. Esta decisión política trasciende lo partidario", dijeron al respecto referentes de la oposición. Este lunes el gobernador Urribarri volvió a reunir a su equipo de trabajo en su despacho para ajustar detalles de la iniciativa. Participaron del encuentro los ministros de Planeamiento, Juan Javier García; de la Producción, Roberto Schunk; de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; de Economía, Diego Valiero; de Desarrollo Social, Carlos Ramos, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; la secretaria general y de Relaciones Institucionales, Sigrid Kunath; el titular de la ATER, Marcelo Casaretto, y el responsable de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales, Daniel Irigoyen.
Durante estos primeros días de enero el gobernador alternó su participación en las fiestas populares entrerrianas junto a las comunidades del interior de la provincia, con reuniones con su equipo de gobierno en las que avanzó en este programa de alto impacto social que buscará concretar la construcción de 6000 viviendas sociales en los tres años que le restan de mandato.
El objetivo es erradicar en una primera etapa los asentamientos más precarios que existen en las ciudades con mayor densidad poblacional: Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, para luego seguir avanzando en el resto de los departamentos de la provincia.
La idea es avanzar con 2000 soluciones habitacionales por año. En ese sentido, el programa provincial ya prevé un fondo integrado por aportes del Estado entrerriano, al que se sumarán recursos que llegan a la provincia del gobierno nacional, capitales originados por la venta de numerosos inmuebles del gobierno provincial que se encuentran ociosos y no prestan ninguna utilidad, más el producido de un impuesto especial a la transferencia gratuita de bienes, una vez tratado y aprobado por la Legislatura de Entre Ríos. Se evalúa la participación de organismos internacionales que financian este tipo de emprendimientos.
Este plan se complementa con la política habitacional que se está llevando adelante en Entre Ríos para familias con diferentes niveles de ingresos a través del IAPV, el gobierno nacional y la Unidad Ejecutora de Programas Especiales. La ejecución de esta nueva propuesta elevaría los actuales 2.500 a los 8.000 puestos de trabajo también mediante cooperativas y pequeñas empresas locales de construcción durante los tres años que contienen la concreción del programa.