La portación de armas en manos de personal de fuerzas de seguridad fue analizada y restringida por parte de la ministra de seguridad de la Nación, Nilda Garré. Específicamente, a aquellos que hayan sido denunciados por episodios de violencia familiar y a quienes tienen algún tipo de problema psiquiátrico, donde la presencia del arma es un factor de riesgo, tanto propio como para terceros.
 

La resolución rige para los integrantes de las fuerzas nacionales (Policía Federal, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria), a cargo de dicho ministerio. En cuanto a la Policía de la provincia de Entre Ríos, según pudo averiguar UNO, estas medidas se implementan desde hace varios años, y últimamente hubo varios casos graves, donde los uniformados quedaron desarmados por orden de las autoridades.
 

En dicha resolución, recientemente publicada en el Boletín Oficial, Garré sostiene que su ministerio ha recibido “denuncias de personas víctimas de violencia ejercida por sus cónyuges, parejas y/o familiares integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad” y que “en tal sentido, la situación de violencia puede verse agravada por la tenencia, portación y transporte de las armas particulares y de dotación de dichos integrantes”.
 

Ante esta circunstancia de violencia familiar, la ministra consideró que “se deberán tomar las medidas necesarias para resguardar la integridad física, psicológica y moral de la persona denunciante, limitando la tenencia y portación del arma de dotación al lugar específico donde presta servicios y evitando su traslado fuera de la dependencia”.
 

Por otro lado, Garré en la misma resolución también abordó el problema de los efectivos con padecimientos psiquiátricos: “En los casos en que las Juntas de Reconocimientos Médicos otorgan licencias psiquiátricas al personal de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, se debe tender a evitar potenciales riesgos para sí o para terceros, por lo que corresponde en todos los casos la restricción de la tenencia, portación y transporte del arma de dotación y las municiones correspondientes”.
 

Por lo tanto, la modalidad adoptada para los casos de uniformados denunciados por violencia familiar, será que el mismo “deberá retirar el arma de dotación en el momento de ingreso, entregándola al final de la jornada de trabajo”. En aquellos casos donde el personal haya recibido una licencia psiquiátrica, directamente se le restringe la portación, tenencia y transporte del arma de dotación. De igual manera se procede cuando el funcionario se encuentra bajo disponibilidad preventiva, y si tuvo un accionar contrario la normativa sobre uso de armas de fuego.

Estresados
La misma metodología se viene adoptando en la Policía de Entre Ríos, según se explicó , desde hace ya varios años. Aquellos efectivos cuyo diagnóstico psiquiátrico resulte adverso no portan más el arma de fuego. Incluso antes de finalizar el plazo de la restricción se le practica una nueva evaluación, y si aún no está en condiciones no le devuelven el arma reglamentaria, explicó un profesional de la fuerza.

Además, especialistas señalan que esto es muy frecuente en la Policía, debido a que, como en cualquier fuerza de seguridad, la mayoría de su personal desarrolla tareas muy expuestas a la amenaza de la vida propia y de terceros, así como altos niveles de adrenalina, lo cual ocasionan el estrés y sus consecuencias.
Controles. En Entre Ríos hubo varios episodios por los cuales los efectivos debieron ser desarmados.