Diputados aprobó el texto el 26 de septiembre, cuyo dictamen fue una síntesis de dos iniciativas: una impulsada por el PJ y la otra por el Fap. Sin embargo, no pudo disipar el malestar que traslució el oficialismo ya que ese tope toca de cerca varios sectores y tampoco conformaba a todos el espíritu de la ley, por lo que no descartaron ir por otra norma superadora, confirmó la agencia de noticias Recintonet.
Juan José Albornoz (FpV) había fundamentado su proyecto y al hacerlo dijo que el descuento por códigos “es una operatoria bastante difundida” aunque admitió que con ella “se extorsiona” a los trabajadores con los que hay una alta tasa de cobrabilidad. En ese marco, afirmó que el proyecto “pretende evitar prácticas abusivas que terminen viabilizando con la anuencia de la administración pública, estas extorsiones”.
José Ángel Allende, en cambio, defendió desde una banca el proyecto pero admitió que hay sectores que aplican “intereses usurarios” y que “se aprovechan del sector asalariado que es pagador, y un pagador voluntario”.
En ese marco destacó que abogó por buscar “una verdadera solución al problema” para que “nadie cobre cero pesos”. Además, fue el único que planteó claramente en el recinto la situación de la tarjeta estatal Sidecreer la que -propuso- “no puede permitir a las entidades financieras penetrar como comercios porque es imposible establecer cuál es el interés”, dijo y pidió “encorsetar” a los prestamistas.
En la iniciativa se contemplan los préstamos personales otorgados a empleados públicos provinciales en actividad, jubilados, retirados o pensionados y alcanza los otorgados por financieras, mutuales, bancos, cooperativas y cualquier otra entidad autorizada a efectuar préstamos de dinero a interés, que hagan operativo el repago de los mismos a través del sistema de códigos de descuento que implementa en las liquidaciones de haberes la administración pública provincia.
En febrero del año pasado la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) estableció las sanciones que se aplicarán a las entidades que infrinjan las normas previstas para el otorgamiento de créditos a jubilados, según las resoluciones 34 y 35. En la primera se señala que el costo financiero total, según el decreto firmado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no puede exceder en un cinco por ciento adicional la tasa informada mensualmente por el Banco Nación como aplicable a las operaciones de préstamos personales para Jubilados y Pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino que sean reembolsados a través del sistema de código de descuento. En tanto, la resolución 35 aprueba la aplicación de sanciones para las entidades.
