El fiscal Ignacio Aramberry amplió las imputaciones en la investigación que lleva adelante por la quiebra fraudulenta del grupo de empresas de la familia Waigel. Entre las 18 personas que ahora fueron imputadas hay contadores, abogados y escribanos que habrían colaborado como partícipes necesarios e inclusive algunos de los profesionales de Hasenkamp, Crespo, Villa Libertador San Martín, Paraná y Santa Fe serían los que falsificaron actas, balances y documentos oficiales con el fin de llevar a cabo la quiebra fraudulenta del grupo de empresas. Lo que se trata de establecer en la investigación judicial que lleva adelante el juez de Instrucción Elvio Garzón son las supuestas maniobras irregulares que sirvieron para insolventar a la sociedad anónima y perjudicar a los ahorristas y acreedores de la firma que, además de comercializar materiales para la construcción, desarrollaba actividades financieras. La causa penal no fue promovida de los damnificados, sino por la Sindicatura, a cargo de los contadores Abelardo y Valentín Cerini, que intervino en el proceso de quiebra. El volumen de la estafa no ha sido determinado a ciencia cierta, pero se estima que ronda los 40 millones de pesos.