Cuatro policías en AFA. Siete en San Lorenzo. Igual cantidad en Independiente y Racing. Todos con orden de allanamiento. Todos de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales. El motivo, uno sólo: la causa que investiga el juez Norberto Oyarbide por presunto lavado de dinero en los traspasos de los futbolistas, triangulación de pases con paraísos fiscales deportivos y evasión tributaria por este accionar, caso este último que corre por cuerda anexa en el juzgado del doctor López Biscayart. El proceso se inició por denuncia de la AFIP hace un año, y se motorizó en los últimos días, con el procesamiento de Jonathan Bottinelli y los procedimientos de ayer. En el Gobierno dicen ir por todo. En la AFA, se preocupan. Y hacen bien: el antecedente más cercano es la causa por los pasaportes comunitarios truchos que también recayó en Oyarbide y que tras cinco años, fue elevada a juicio oral con 36 acusados de integrar una asociación ilícita. Cierto, entre los que enfrentarán el banquillo no hay ningún futbolista (sólo el padre de Juan Forlín, el ex defensor de Boca), pero en ese espejo podrían mirarse representantes y gestores de pases para imaginarse un posible futuro.

La medida ordenada por Oyarbide fue simultánea y abarcó al Ciclón, la dos sedes de la Academia e Independiente, y la casa madre del fútbol, aunque en los próximos días seguiría por otras instituciones (River, Boca, Newell’s y continúan las firmas) y también en las oficinas de los intermediarios que están en la mira, entre ellos Leo Rodríguez, Fernando Hidalgo, Jorge Cyterszpiler y más. Es que el polémico juez investiga las transferencias e ingresos de 30 jugadores, y a todos los que participaron de los contratos y ventas. Los efectivos fueron a buscar por un lado los papeles que cada uno tiene registrado en AFA, que generalmente es por un monto básico, y los que están afincados por convenios privados con los clubes, por el monto real, para ver si todos tributan por el verdadero dinero que cobran. Pero también se llevaron los papers de las transferencias, porque se descubrió que el dinero de muchos pases terminaba depositándose en cuentas del exterior, para no pagar impuestos. Y lo que quiere determinar también es si el monto de los depósitos se corresponde con los asientos contables que hay en las instituciones, o si las cifras ingresadas a los clubes son menores, por lo que habría una defraudación al Estado pero también a las propias instituciones. Y, obvio, tiene en la mira cuál es el origen del dinero, porque sospecha que hay lavado. En el marco de la causa también se allanó, en Chile, al club Unión San Felipe, utilizado como pantalla para varias transacciones, y dos financieras, una chilena y otra uruguaya. Sí, arde.

Como si fuera poco, el allanamiento incluyó fotografiar los autos de los jugadores, para ver si el nivel de vida que llevan se corresponde con los ingresos declarados. Y sobre este punto investigan seriamente a los representantes, muchos de los cuales aparecen como monotributistas de escalas bajas, pero con gastos que serían muy difíciles de justificar.