El aumento de la producción de la pastera uruguaya UPM, ex Botnia, que ya llegó a 1,1 millones de toneladas de pasta de celulosa al año, y el reciente anuncio del presidente José "Pepe” Mujica sobre una inminente ampliación de esa cuota anual, están recalentando el ambiente de Gualeguaychú.
Al respecto, el gobernador, Sergio Urribarri, manifestó su rechazo a los planes de la empresa de capitales finlandeses. "La posición del gobierno de Entre Ríos, y no tengo dudas que también la del gobierno nacional, es no permitir la ampliación de la planta", subrayó.
El incremento de la cuota anual de pasta de celulosa que produce UPM ya generó una primera manifestación pública de repudio por parte de la comunidad de Gualeguaychú. El domingo pasado, la Asamblea Ambiental de la ciudad organizó una caravana de 300 vehículos que se movilizó hasta el puente binacional José de San Martín, cruzó la frontera y, ya en territorio uruguayo, leyó un documento en el que dejó sentada su oposición a la ampliación de 1,1 millones a 1,3 millones de toneladas. "Éramos unas 1000 personas, fue muy positivo. Y ahora tenemos en carpeta organizar el 'Grito Blanco', previsto para el 27 de septiembre, una convocatoria en la que todos los chicos de las escuelas de Gualeguaychú van a expresar un no rotundo a este tipo de emprendimientos contaminantes", dijo a Tiempo Argentino el asambleísta José Pouler.
Cualquier decisión unilateral de aumentar la cuota de pasta celulósica que se produce al año debería ser discutida en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Así lo establece el Estatuto del Río Uruguay. En los últimos días trascendió que el embajador Hernán Orduna –que representa a la Argentina ante la CARU– presentó un informe en el que se cuestionan las "insuficientes respuestas" brindadas por las autoridades uruguayas ante la consulta por las consecuencias medioambientales de un incremento de la producción de la ex Botnia. En el informe de 23 páginas firmado por Orduna se critica al organismo uruguayo competente en este litigio (la Dirección Nacional de Medio Ambiente, cuya sigla es DINAMA) por convalidar la decisión de UPM de superar el límite máximo de producción anual que se había autorizado en las negociaciones previas de ambos países.
En la presentación de la delegación argentina se recuerda que la modificación unilateral de las condiciones de funcionamiento de la ex Botnia constituye una violación de lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia en la sentencia de abril de 2010. El incremento de la cuota anual de pasta de celulosa supone, también, un desconocimiento de los acuerdos celebrados por ambos cancilleres. El documento, con fecha 27 de agosto, advierte a la CARU que la contraparte uruguaya no respondió de manera adecuada los pedidos de información y documentación realizados por la delegación argentina. En cualquier caso, y según información que trascendió en los últimos días, el gobierno uruguayo podría rever su postura inicial: la revisión consistiría en no habilitarle a UPM el incremento de la cuota anual de celulosa.

Fecha clave

El eje de la discusión está concentrado en una fecha clave: el miércoles 25 de septiembre. Ese día, tras una suspensión de actividades de más de una semana, la empresa UPM tiene previsto "reiniciar sus operaciones" con la perspectiva de aumentar su producción en un 20 por ciento. Para concretar ese objetivo, la pastera de capitales finlandeses deberá obtener un permiso por parte del Estado uruguayo para incrementar su cuota anual de pasta celulósica. La propia empresa, con el ánimo de meter presión sobre el gobierno de José "Pepe" Mujica, ya adelantó que el reinicio de las operaciones (tras nueve días de mantenimiento de mecánica general, lavado de equipos y soldaduras) quedará sujeto a la habilitación oficial. "Sería vergonzoso si existiera una habilitación en forma unilateral, el Uruguay estaría enterrando el Estatuto que rige el funcionamiento del río Uruguay", aseguró Horacio Melo, otro miembro de la delegación argentina ante el CARU. En declaraciones a los medios de Gualeguaychú, el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, se comprometió a llevar adelante "todas las gestiones para evitar que nada ni nadie amenace al medio ambiente de la ciudad y la provincia".