La exsecretaria de Medio Ambiente de la Nación Romina Picolotti se negó a declarar en el marco de una causa por supuesto manejo irregular de fondos públicos que originalmente estaban destinados a la financiación de planes ambientales. Esta es la segunda oportunidad que es convocada Picolotti aunque, asesorada por el abogado Felipe Truco, se negó a declarar y responder las preguntas que tenía preparadas la jueza María Servini de Cubría. Además, según informaron fuentes judiciales, la exfuncionaria pidió a su vez más tiempo para analizar nuevos gastos que se incorporaron a la acusación. Servini de Cubría ahora está en condiciones de resolver la situación procesal de Picolotti así como de otros dos funcionarios que están imputados: uno es Esteban Sáenz Rico, quien fue técnico en la Secretaría y actualmente trabaja en el Ministerio del Interior; y Patricia Báez Rocha, del Ministerio de Seguridad.

Las irregularidades por las cuales se la acusa a Picolotti son los acuerdos que celebró Ambiente con la Fundación ArgenINTA, un ente público creado para dar sustento a los proyectos del INTA.

A esta último se le habían otorgado unos 67 millones de pesos y 20.000 dólares para la conservación de especies en extinción como el loro hablador, la nutria, el zorrino y la iguana.

Otra parte del dinero también era para financiar el Plan Nacional de Manejo del Fuego, pero en cambio habría sido utilizado para gastos personales: regalos y otros objetos que nada tenían que ver con el área.

A Picolotti también se le reprocha el haber contratado a unas 250 personas, entre ellos su hermano, Juan Miguel Picolotti, como jefe de Gabinete de Asesores, con rango de Subsecretario.

Además, se la acusa de haber realizado la contratación de varios vuelos privados por un gasto total de 100 mil pesos, y viajes a La Rioja, San Juan, Bariloche, Tucumán, y Córdoba.

En ese sentido, si bien la fiscalía reprochó que esos mismos vuelos podrían haberse hecho con aerolíneas comerciales, Picolotti lo justificó por la "urgencia" que había en algunos de ellos.

La primera oportunidad que tuvo que afrontar a la jueza Servini de Cubría fue el 22 de marzo de 2011: Picolotti había presentado un escrito en el que explicó el destino de los fondos que habría manejado de forma irregular, y negó la abundante contratación de personal, a la par que sí reconoció que su hermano Juan trabajó en la Secretaría.