La Cámara de Diputados aprobó esta medianoche y giró al Senado el proyecto del Poder Ejecutivo que limita la responsabilidad del Estado y lo desliga de los daños que puedan producirse a través de las prestadoras de servicios públicos. La votación, ajustada, resultó favorable a la propuesta del Gobierno con 129 respaldos, 105 rechazos y dos abstenciones. Tras el desenlace de la iniciativa, la Cámara tenía previsto continuar con la sesión especial en la madrugada, para abordar el proyecto que sube los impuestos a los vehículos de alta gama, embarcaciones y aeronaves, además de otras propuestas sin disidencias.
El Frente para la Victoria consiguió la aprobación pese al fuerte rechazo de la oposición, que durante el debate criticó que la cuestión no se zanjara dentro del nuevo Código Civil y coincidió en que el Gobierno busca una "autoamnistía" para sus funcionarios.

Los bloques antikirchneristas también cuestionaron que Nación "invite a adherir" al proyecto a las provincias, al considerar que podría haber reglamentos diferentes para casos similares dentro del país.

Tras diez horas de discusión, a cargo del cierre del debate del Frente para la Victoria estuvo el vicepresidente del bloque, Pablo Kosiner, quien señaló que la iniciativa del Gobierno "tiene base constitucional, que es más importante que discutir si está dentro del Código Civil o no".

"La Constitución nos habilita a lo que estamos haciendo", remarcó el salteño. En tanto, defendió la potestad de los legisladores de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para dictar sus propias leyes: "No le vamos a sacar la libertad de opinar".

En contraparte, el titular del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, en su último discurso al frente del espacio, sostuvo que "probablemente esta ley sea declarada inconstitucional, porque va a obligar a los ciudadanos a tener que recurrir al peregrinaje de la justicia".

"¿Qué va a pasar si una provincia establece que tiene una reparación integral y otra solo daño directo inmediato?", se preguntó Gil Lavedra, al señalar que cada distrito "va a ser libre de legislar y los ciudadanos van a tener soluciones distintas según el lugar donde vivan".

En el inicio del debate, la diputada oficialista Diana Conti, encargada de defender el texto, consideró que esta iniciativa está "protegiendo al Estado de la ambición depredadora de la industria del juicio". En el caso de los servicios públicos, Conti aclaró: "Como las concesionarias no son cuadros de la administración estatal, serán ellas las que deberán reparar daños".

No obstante, señaló que tendrá responsabilidad el Estado en el caso de que se hubieran elegido las prestadoras de forma fraudulenta o sin diligencia. A su turno, el legislador del PRO, Pablo Tonelli, evaluó que este proyecto "haría volver al país 100 años atrás en la lucha por la responsabilidad de los funcionarios".

"Esta ley no va a servir para hacer al Estado mas responsable, sino para hacer irresponsables a los funcionarios que se equivocan en su tarea y que por negligencia, culpa o dolo provocan un daño", sostuvo el macrista. La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, en tanto, afirmó que si se aprueba esta norma "va a ser declarada inconstitucional", al tiempo que indicó: "Estamos asistiendo al quiebre del estado de derecho".

Ademas, dijo que forma parte del "acuerdo" que denunció entre el Gobierno y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que en principio -según Carrió- había sido por la ley de Medios. El jefe de los socialistas, Juan Carlos Zabalza, agregó: "Estamos frente a un proyecto para nosotros inaceptable, por la decisión del oficialismo de restringir la responsabilidad del Estado por los daños que sus funcionarios o sus concesionarios, por actos ilegítimos, causen a los particulares".

La norma fija la responsabilidad del Estado "por los daños que su actividad o inactividad produzca a los derechos o patrimonio de las personas". En el caso de los servicios, asegura que "no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuyan o encomiendo un cometido estatal, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada".

Para los casos de demanda en su contra, el Estado admitirá un plazo de "tres años computados desde la verificación del daño"