Para el funcionario judicial, el acta que fuera firmada el 9 de diciembre es nula, ilegítima y por lo tanto carece de entidad jurídica. El acta y la foto posterior de los negociadores junto al gobernador, que circuló por los medios y las redes sociales, son la prueba de que “se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición”, afirmó García.

“Ni bien salgamos de la feria judicial se hará la denuncia penal. Será contra los cabecillas y los responsables de los actos de violencia en sede policial y, paralelamente, contra los ciudadanos que participaron de los saqueos, tal como ha quedado determinado en tantísimas filmaciones. Así también contra los que crearon abiertamente las condiciones propicias para los robos, por ejemplo efectivos sorprendidos por las cámaras mientras hacían mover a punta de pistola patrulleros apostados ante comercios que inmediatamente después fueron atacados”, precisó.

“En las reuniones de trabajo vimos que algunos procederes se llevan puesto medio Código. El encuadramiento normativo de los funcionarios policiales está en el delito de sedición, con privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones graves calificadas, daños calificados, sustracción de bienes de uso público para fines privados y, además, la instigación a robos calificados. Por el lado de los autores de los saqueos, robos calificados de manera reiterada en aprovechamiento de la calamidad”, remarcó el fiscal.

Son tres las líneas investigativas en marcha: la que involucra a los efectivos que resolvieron unilateralmente ejercer la inacción, los ciudadanos que participaron de los saqueos y la hipotética complicidad entre sediciosos y saqueadores. “Con el Código nuevo todo esto será llevado a juicio oral: lo que antiguamente era la parte instructoria lo han estado llevando adelante los fiscales que aportarán en juicio las pruebas colectadas y en ese ámbito también se escuchará por primera vez a los implicados”, explicó, antes de aseverar que “si bien el núcleo de la presentación está casi lista, el receso sirve para seguir incorporando pruebas fílmicas y datos testimoniales”.

En un entrevista publicada en la edición de este jueves de Paraná, García consideró que “el respeto por la norma debe ser un principio general y, quien la quebrante, debe hacerse cargo de la pena contemplada”, antes de estimar que el juicio oral “será la reconstrucción histórica de lo que no hubiéramos querido que pasara”.

“Todo explotó un domingo a la noche (8 de diciembre). Yo estaba en Concepción del Uruguay y las noticias que me llegaron hablaban tanto del autoacuartelamiento de policías en Concordia como de cierta coordinación en tanto simultáneamente habían comenzado los saqueos. El pretexto de la insurrección era el tema salarial”, dijo el fiscal.

“Por teléfono nos organizamos con los fiscales, hasta las tres o cuatro de la mañana del lunes. Si bien el foco era Concordia, había situaciones expectantes en otras ciudades. Salvo Paraná, donde no hubo muestras de que pudiera llegar a plegarse. De manera que una parte del equipo estuvo concentrado en los hechos de Concordia y, en paralelo, hubo enviados nuestros a las Departamentales de Policía para que explicaran a quienes quisieran escuchar que no se trataba de un planteo salarial común y corriente sino que directamente se estaba ante el delito de sedición con el alzamiento armado de efectivos, agravado por lo que en ese momento se sospechó y luego se comprobó en el sentido de que la inacción policial deliberada estuvo en sintonía con los saqueos producidos. Es decir, que podían añadirse los delitos de instigación y en algunos casos de coautoría”, relató García.

“Paralelamente, se producían los hechos de saqueo que, en realidad, son robos calificados, es decir, robos calamitosos, que se producen aprovechando las circunstancias de un desastre, ya sea natural o provocado. En la mañana del lunes, hice declaraciones a la prensa trazando estas mismas coordenadas, en procura de contextualizar los episodios. Estaban todos avisados”, señaló.

La cuestión que es crucial está contemplada en el artículo 229 del Código Penal, en los delitos que se llaman atentados contra el orden democrático. Esta corrección fue la primera producida una vez que se recuperó la democracia y fue confirmada en la reforma constitucional de 1994.

• La sedición

“La sedición es el alzamiento policial en el ámbito provincial. Si bien a un lego le puede resultar raro porque el objetivo explícito no era voltear a un gobierno, queda claro que se trató de una exigencia extorsiva, cuyo propósito fue arrancar una medida mediante el uso de las armas, lo que irremediablemente la constituye en ilegítima”, explicó García.

“Tomaron la Departamental con una violencia inusitada lo que se tradujo en daños de consideración, golpearon con alevosía a un jefe de Logística, maltrataron físicamente al jefe y subjefe de la Departamental a quienes además privaron de la libertad de manera ilegítima y, como telón de fondo, se apropiaron de bienes públicos: los patrulleros policiales, las armas, los sistemas de comunicación, una autobomba se ponen a disposición y en custodia de los funcionarios policiales pero para usos oficiales específicos. Con esos bienes no se puede hacer lo que uno quiera: deben ser utilizados en el marco del deber positivo que, para la Policía, es resguardar la paz social”, precisó.

“Porque para vivir en sociedad, el ciudadano común pacta y renuncia al ejercicio de la violencia, cuyo monopolio queda entonces en poder del Estado. Es claro entonces que esos bienes no pueden ser aplicados a ninguna extorsión sectorial. Sólo una larga tradición de interrupciones en los procesos institucionales puede hacer confundir a algunos hasta intentar imponer por la fuerza a aquello que fue consagrado por el voto. Sin intentar traspolaciones automáticas, tengo presente que la insurrección policial fue la punta de lanza del derrocamiento de Ricardo Obregón Cano, gobernador cordobés en la primera parte de los años 70. Ya digo, estos procederes están enquistados en nuestra matriz cultural”, señaló el fiscal.

• Calmar las aguas

“Estuve en Concordia hasta que se firmó el acuerdo. Aclaro que a los fines de calmar las aguas me pareció una buena iniciativa. Lo urgente era apagar el fuego, poner paños fríos a una psicosis social que llevó a Concordia a transformarse en una ciudad atrincherada, donde grupos de vecinos armados estaban dispuestos a enfrentarse con cualquiera que les resultara extraño y sospechoso. La postal urbana por aquellas horas desdecía los fundamentos de la sociabilidad: gente armando barricadas en torno de los comercios y residencias, esperando los asaltos con machetes, palos, fierros y armas de fuego por supuesto, en medio de un clima de violencia soterrada que se palpaba a cada paso. En ese contexto, ante la inminente llegada de la noche, el acuerdo nos pareció un camino aconsejable”, explicó el fiscal.

“Hemos confirmado las primeras presunciones. Las hemos ido precisando además, con el paso de las horas. Inicialmente, sabíamos que los funcionarios que tomaron parte del acto sedicioso fueron entre 60 y 70. Pero había que discernir los distintos niveles de responsabilidad. Hay una treintena de funcionarios más comprometidos y una docena de ellos aparece directamente implicada en delitos más serios”, dijo.

“Devenida la calma, queda claro que la foto que circuló una vez que se cerró el acuerdo y el propio texto son la prueba patética y patente de la extorsión, a tal punto que el acta aquella va a encabezar la denuncia penal que vamos a realizar”, afirmó.

“En la foto que recorrió los medios de comunicación y las redes sociales, está el gobernador rodeado de personas con el arma reglamentaria en la cintura. Nadie hace ostentación, pero el arma reglamentaria está en la cintura y en ese sentido el testimonio gráfico es de una contundencia real y simbólica que exime de mayores consideraciones. Esto es la prueba de que se trató de un acuerdo arrancado a la fuerza, extorsivo, producto de la sedición”, señaló.

“Penalmente, el acuerdo es prueba del delito, del chantaje a punta de pistola en el sentido de que se extorsionó, se forzó un arreglo a partir de la situación que reinaba en las calles. Así las cosas, el acta no tiene ninguna consecuencia jurídica, es ilegítima, nula, independientemente de lo que administrativamente se resuelva con relación a los aumentos allí contemplados”, afirmó.

“Ante la eventualidad de que los actos de sedición que se sucedieron en distintas provincias tuvieran una conexión, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó una comisión de fiscales que fue recabando datos. En ese sentido, tuvimos reuniones con el fiscal federal José Ignacio Candioti en las que, más allá de compartir información, quedó claro que al menos en Entre Ríos no aparece ninguna vinculación de lo local con lo ocurrido en otras jurisdicciones”, dijo.

La investigación está concentrada en la Justicia provincial porque el delito de sedición es de jurisdicción ordinaria: un atentado contra el orden democrático local. Los fiscales federales estuvieron tratando de establecer si había indicios de conexión entre lo sucedido en las distintas provincias porque eso la convertiría en una rebelión nacional. Pero no han encontrado elementos en ese sentido.

• La responsabilidad de la dirigencia política

“Quiero insistir acá en la imprescindible responsabilidad de la dirigencia política. Algún ingenuo o malintencionado, que siempre los hay, acaso pueda llegar a pensar que la posición tajante de nuestra parte en favor de la normatividad está orientada por algún color partidario. Yo quiero decir con todas las letras, claramente, que lo que hemos estado haciendo no tiene que ver con el gobernador actual sino con la institucionalidad: ningún mandatario puede gobernar tranquilo si quienes ejercen en los hechos el monopolio de la fuerza están en condiciones de extorsionarlo cuando se les ocurra porque no les gusta el color del uniforme, el armamento o lo que se les liquida por sueldo. Esto no puede ser coyuntural, va más allá de los nombres y apellidos actuales, incluso de los nuestros, los que actuamos en la Justicia”, afirmó García.

“Hay una tendencia, que uno lo advierte, a que lo ilegal sea minimizado en término de internas o contiendas políticas, donde pareciera que todo vale. Es parte de lo que nos falta para afianzar la democracia: aceptar el imperio de la ley, sobre todo cuando no nos favorece. El respeto por la norma debe ser un principio general y, quien la quebrante, deberá hacerse cargo de la pena”, expresó el fiscal.