La Cámara Alta aprobó el régimen de disposición final de muebles registrables secuestrados por infracciones de tránsito. La sanción de esta ley era esperada por muchos municipios que acumulan vehículos secuestrados por infracciones que no son retirados y que ahora podrán vender en subasta pública. Para eso tendrían que dictar adherir para que la norma sea aplicable en las localidades.
La norma alcanza a los autos y motos que se encuentran, después de ser requisados, en dependencias municipales o provinciales, porque sus propietarios no hacen frente a las multas.
Se trata de una iniciativa que el senador del departamento Concordia, Enrique Cresto, presentó en el año 2012. En diciembre de ese año el proyecto de ley recibió media sanción y fue remitido a la Cámara de Diputados.
El texto aprobado es en base al original de 2012 del Senado e incorporó modificaciones de la Cámara baja, la mayoría impulsadas por el diputado Marcelo Bisogni.
Cresto mencionó que “se habló con municipios y concejales, que esperan desde hace tiempo una norma como ésta”, explicó que “tomó contacto con los diputados para pedir que se haga el tratamiento rápido, no se podía esperar más, hay en todas las ciudades depósitos abarrotados de motos, lo que genera un problema ambiental”.
Agregó que “esta ley es una herramienta que puede acercar una solución, intentar normalizar situaciones que generan muchos problemas a las comunas”.
Propuso que “todo lo que se llegue a recaudar con las ventas, se pueden pagar las multas y si hay resto, destinarlo a obras de acción social”. Cresto dijo que “hay que cobrar las multas y haciendo el debido resguardo de los derechos, se puede empezar a llevar normalidad a una situación que genera tensiones en muchas ciudades”.
Brindó una serie de precisiones en cuanto a los mecanismos a aplicar para desarrollar los alcances de la ley. “No tenemos problemas en ceder, dejando en claro que este Senado en el año 2012 ya había dado la media sanción”, dijo. “No podemos esperar, no vamos a entrar en nuevas remisiones. Tenemos en claro que esto es una herramienta necesaria, por eso optamos por tratarlo de inmediato”, destacó Cresto.
ACUERDO. La Cámara Alta aprobó también los pliegos que oportunamente fueran enviados por el Poder Ejecutivo de Claudia Vallori para presidenta del Concejo General de Educación (CGE) y de Joel Spizer como vocal.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Aldo Ballestena, fue el miembro informante. En las resoluciones se indica que ambos propuestos cumplimentaron todos los pasos previstos en el reglamento del Cuerpo, que incluyen períodos para recibir apoyos, impugnaciones y posteriormente respondieron a los requerimientos de la Comisión en Audiencia Pública. Ambas Resoluciones fueron votadas por unanimidad.
En otro orden, el senador del departamento Islas, Eduardo Melchiori, presentó un proyecto de ley que propone reconocer a la infertilidad humana como una enfermedad, de acuerdo a los parámetros expresados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
También tomó estado parlamentario y fue derivado a comisión, un proyecto de ley que declara la emergencia sanitaria por insuficiencia de anestesistas en Entre Ríos. Sería por el término de cinco años.
También se dio sanción definitiva a un proyecto de ley que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a un inmueble, propiedad de la empresa Telecom Argentina Stet France, ubicado en Tabossi, para ser destinado a la ampliación de un establecimiento educativo.
PATRIMONIO CULTURAL. El primer expediente tratado en la sesión de anoche fue un proyecto de ley, que recibió sanción definitiva, que declara patrimonio Histórico Cultural de la provincia al edificio del cine Teatro Astral, de la ciudad de Basavilbaso. Fundado en 1925 es un hito de la cultura de aquella localidad. Nacido a la luz de la necesidad de contar con un lugar de reunión y esparcimiento, sufrió los avatares del paso del tiempo y en 2006 fue adquirido por la municipalidad con la intención de ponerlo en valor. Fue tratado sobre tablas por pedido del senador René Bonato.
También se trató positivamente el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de Entre Ríos (IAPV), a transferir a la municipalidad de Concordia cinco inmuebles que serán afectados a la construcción de viviendas para ser adjudicadas a familias afectadas por las inundaciones.
El senador Cresto mencionó que se trata de un caso especial que intenta acercar rápidamente una solución a un grupo de familias que demandan soluciones urgentes. “Hay aportes de la Nación, de la provincia, ya se están trasladando a viviendas de mayor calidad, lo que evitará que construyan bajo la cota 14”, señaló. Además comentó que los programas nacionales requieren, para ser aplicados, que se realice esta transferencia de dominio. “Son 320 viviendas, que muestran el esfuerzo y compromiso del Estado entrerriano y nacional para dar soluciones de fondo”, precisó. El proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.