Después de un año de tarifas congeladas por orden del gobierno, las provincias preparan aumentos en la electricidad a partir del mes próximo, según confirmaron los responsables del sector. Los ajustes alcanzarán un promedio estimado de 30 por ciento, que se repartirá en tandas para evitar que la molestia de los consumidores termine por frenarlos con medidas cautelares, como ocurrió en algunas provincias con los aumentos en el gas. Santa Fe fue una de las primeras en anunciar el ajuste. La Empresa Provincial de Energía (EPE) dispuso una suba de 27 por ciento desde enero, que se notará en las facturas que vencen en marzo. Lo mismo pasará en Entre Ríos, que a partir del mes próximo incrementará 20 por ciento las tarifas. Edesal, la compañía eléctrica de San Luis, pidió una suba de 30 por ciento, similar a la que reclamaron la cordobesa EPEC y la distribuidora de Tucumán (EDET).

En Buenos Aires, la gobernación de Daniel Scioli tiene en estudio un aumento, pero todavía no se sabe qué sucederá con Edenor y Edesur. En la zona norte y noroeste del país tienen la misma intención.

En varias provincias estimaron que los aumentos deben comenzar cuanto antes para establecer un sendero de precios, de manera que el impacto total de los ajustes sobre la factura no se note de inmediato y permitan digerirlos mejor. Eso es porque tomaron nota de errores recientes. Por caso, el Gobierno dispuso este año ajustes en el gas que en algunos casos superan el 600 por ciento y fueron frenados en la Justicia. El jefe de un ente regulador provincial lo puso en estos términos: "En ese caso, aumenté muchísimo, pero en la práctica no aumenté nada", lamentó.

Con costos en aumento y ajustes de tarifas que no alcanzan a cubrirlos, las empresas distribuidoras tienen un déficit cada vez mayor. Por eso dejaron de pagar a Cammesa (la empresa administradora del mercado y la que les provee la energía) por la electricidad que venden. Por ejemplo, EPEC debe 2800 millones de pesos; Edelap, 660 millones de pesos, y la chaqueña Secheep, que hasta el año pasado fue piloteada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, 320 millones de pesos. Están todavía lejos de las más endeudadas, las metropolitanas Edenor (6250 millones de pesos) y Edesur (5700 millones de pesos).


En total, la deuda de todas las distribuidoras con Cammesa superó en noviembre los 18.000 millones de pesos y preocupa a las empresas, porque afecta de manera directa en sus balances.

Enero no es una fecha casual para comenzar con los aumentos. Sucede que el último día de este año vence el Programa de Convergencia Tarifaria suscripto entre todas las provincias y el Ministerio de Planificación, que conduce Julio De Vido. Surgió desde esa cartera a principios de este año con una idea precisa: los gobernadores se comprometieron a no tocar las tarifas de luz por 12 meses y, a cambio, Nación les financiaría obras millonarias para mejorar la infraestructura eléctrica.

Para los gobernadores, ese plan no funcionó. Aunque las tarifas no aumentaron, se demoró el giro de los fondos para obras por parte del Gobierno, que según los funcionarios provinciales quedaron enredados en una maraña burocrática.

La encargada de supervisar las obras y avalar cada certificado emitido es la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que se quedó con una adjudicación directa hecha por Planificación a cambio de casi 1,5 millones de pesos por su trabajo.

Buenos Aires, originalmente una de las mayores beneficiadas con la promesa de fondos, hasta ahora sólo recibió el 20 por ciento de los 600 millones de pesos comprometidos en una primera etapa. En su concesión están las empresas EDEN (zona norte), EDES (zona sur) y Edelap (La Plata).