Pasó un año desde la sedición policial y la suerte de los efectivos que participaron del acuartelamiento en Concordia está a un paso del juicio oral y público. Una vez que pase la feria, el juez de Garantías Ives Bastián deberá fijar la fecha para el debate por los hechos que posibilitaron los saqueos en cientos de comercios y disturbios que terminaron con tres personas muertas.
En principio, habrá 18 oficiales sentados en el banquillo y acusados por los delitos de sedición, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, robo agravado por la calidad de funcionarios públicos e instigación.
Para los delitos que enfrentan los policías, el Código Penal prevé penas de hasta 20 años de prisión, aunque en el debate deberá establecerse el grado de responsabilidad que le cabe a cada uno de los imputados.
El mes pasado, en una audiencia donde se resolvió sobre la continuidad de la prisión preventiva de los policías, el procurador general de la provincia, Jorge García, se había quejado de que los defensores de los policías pretendían “dilatar los términos y evitar que se eleve la causa a juicio”.
Lo cierto es que la causa ya fue elevada a juicio y está en manos del juez Bastián fijar la fecha para el inicio del debate oral y público.
Otra circunstancia que podría acontecer es que algunos pidan acogerse al instituto del juicio abreviado, es decir, que admitan su responsabilidad y acuerden una pena con el fiscal. Esta posibilidad ya se había barajado deslizada unos meses atrás, aunque finalmente no prosperó. Ahora podrían retomarse las negociaciones.