Un hombre y su madre fueron absueltos por prescripción de la causa en la que estaban acusados por ensayar una estafa mediante la utilización de dólares falsos para comprar prendas de vestir en comercios de la localidad de Colón.

El hecho, sin embargo, pone en evidencia un problema que viene manifestándose desde hace tiempo, cual es el gran volumen de causas penales que debe resolver el único Tribunal Oral Federal que funciona en la provincia, con asiento en Paraná, y que al día de hoy tiene audiencias fijadas hasta el año 2020.

El 28 de diciembre de 2005, una madre y su hijo fueron detenidos luego de que intentaran abonar una compra en una distribuidora de la ciudad de Colón con un billete de 50 dólares falso, que no le fue aceptado porque la dueña del local dudó de su autenticidad. Después se supo que unas horas antes habían comprado un par de ojotas en un negocio y que lo habían pagado con otro billete de 50 dólares que también resultó ser falso y por el cual recibieron el cambio correspondiente. En la sede policial se les encontraron otros dos billetes de 50 dólares que también resultaron ser apócrifos.

Madre e hijo fueron acusados por los delitos de circulación de moneda falsa y estafa, que prevén penas de hasta seis años de prisión. La causa fue remitida al tribunal oral en 2008, pero los acusados no llegaron a ser enjuiciados y, diez años después, se decretó la extinción de la acción penal por prescripción, es decir, por el paso del tiempo.


El hecho esconde un problema grave que arrastra el tribunal oral, como es la gran acumulación de causas penales, que obliga a los jueces a priorizar en la agenda aquellos expedientes que llegan a sus escritorios y tienen imputados privados de la libertad.

Actualmente la provincia tiene un solo tribunal de juicios, en Paraná, integrado por Roberto López Arango, Lilia Carnero y Noemí Berros, que se ocupa de todas las causas federales que llegan a la instancia de debate oral. De allí el reclamo que lanzaron los magistrados hace unos meses pidiendo "la urgente necesidad de que se suministre, a la mayor brevedad posible, las herramientas económicas y humanas necesarias para el funcionamiento" del nuevo Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay "en atención al cúmulo de causas en esa jurisdicción" que actualmente deben tener su juicio oral en el capital entrerriana.

La nueva estructura serviría para descomprimir y agilizar la administración de justicia en causas relacionadas con el tráfico de drogas, secuestros extorsivos o trata de personas, por ejemplo, que se produzcan en los departamentos Islas, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, San Salvador, Concordia, Federal, Federación, Feliciano y Villaguay.

Actualmente, alrededor del 80% de las causas federales que llegan a juicio en Entre Ríos están relacionadas con el tráfico de drogas y la mitad se originan en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, por lo que serían ventiladas en el nuevo tribunal, una vez que esté operativo.

De hecho, el tribunal oral de Paraná tiene fijadas audiencias hasta el año 2020, priorizando ?como se dijo? aquellas que tienen imputados detenidos.

En octubre pasado fueron designados los integrantes del todavía no habilitado tribunal: Mariela Emilce Rojas, Jorge Sebastián Gallino y Juan Manuel Iglesias. Antes habían sido nombrados Estela Fabiana León, como fiscal, y Julieta Elizalde, como defensora. Resta la cobertura de una planta de 23 cargos, entre secretarios, prosecretarios, empleados y personal de maestranza y oficios. También está pendiente la refuncionalización del edificio en el que funcionará la nueva estructura