Una rebaja progresiva de las contribuciones patronales para los salarios de hasta 10.000 pesos y la reducción de la base de cálculo para las indemnizaciones por despido constituyen dos de las principales apuestas de la reforma laboral que el gobierno prevé enviar en 15 días al Congreso y que aspira a que se sancione durante el período de sesiones extraordinarias. Esas dos propuestas forman parte de los 144 artículos que integran el borrador de un proyecto de ley ómnibus de cambios en materia laboral que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, presentó ayer ante un grupo de abogados representantes de sindicatos y cámaras empresarias.
La iniciativa, que Triaca espera consensuar con ambos sectores en las próximas dos semanas, tiene tres ejes fundamentales: un capítulo destinado especialmente al blanqueo laboral, la instrumentación de un sistema de capacitación permanente y una serie de reformas sobre el actual sistema de contribuciones patronales y de derechos individuales establecidos en la ley de Contrato de Trabajo (LCT).

Sobre ese tercer eje, el borrador promueve una reducción progresiva de las contribuciones patronales en materia previsional para salarios de hasta 10.000 pesos, en línea con el sueldo mínimo, vital y móvil (SMVM). El esquema establece una rebaja anual equivalente al 20 por ciento de la contribución previsional obligatoria, recorte que gradualmente se incrementará hasta alcanzar el 100 por ciento del aporte patronal en un plazo de cinco años, un beneficio que se hará extensivo también a los empleadores que blanqueen a su personal no registrado. En cambio, el resto de las contribuciones a la seguridad social (ART, obra social, Pami) se mantendrán igual que en la actualidad.

El paper distribuido por la cartera laboral para el análisis de sindicalistas y empresarios también postula cambios significativos en el régimen de indemnizaciones por despido. Uno de ellos establece que para la base de cálculo de esos resarcimientos solo se tomarán en cuenta los salarios "normales y habituales" percibidos por el trabajador y que serán excluidos aquellos pagos excepcionales que en la actualidad suelen ser computados para la determinación de la indemnización, como el sueldo anual complementario, las horas extras extraordinarias, comisiones, premios y/o bonificaciones, compensaciones de gastos y todo otro rubro que carezca de periodicidad mensual o habitual.

Dentro de ese mismo capítulo, la reforma también postula la posibilidad de habilitar regímenes especiales de despido dentro de los convenios colectivos de actividad, como el "fondo de cese laboral", un sistema similar a la denominada libreta de desempleo que rige en la industria de la construcción, y que suplanta la indemnización tradicional por un sistema por el cual mensualmente cada trabajador aporta una porcentaje de su salario para conformar un fondo destinado a garantizarle un ingreso cuando pierde el empleo.

Por otra parte, la iniciativa oficial introduce dos nuevas categorías laborales. Una se refiere al sistema de vinculación entre trabajadores, característico de pequeñas sociedades comerciales o microemprendimientos, en el cual un trabajador se hace cargo de los aportes y contribuciones del resto de los integrantes de la relación laboral.

El segundo caso, incorpora la figura de "trabajador independiente", una categoría establecida en la reciente reforma laboral de Brasil, para atender la situación particular de los profesionales que prestan mayormente servicios para una sola empresa, pero sin que ello establezca una relación de dependencia. "La intención del Gobierno es dar más previsibilidad a los empresarios en los costos salariales y no salariales", evaluó uno de los representantes gremiales que asistió al encuentro.

Sin embargo, evitó anticipar la posición que adoptará la CGT ante la iniciativa: "Es una reforma laboral compleja, que avanza sobre varias materias importantes, aunque quedan garantizados todos los derechos colectivos", remarcó el vocero.

En el apartado vinculado al tema de capacitación y formación profesional, la propuesta de reforma de la administración de Mauricio Macri estipula la creación de un instituto tripartito de capacitación permanente y la posibilidad de que los esquemas de pasantías sean incorporados en los respectivos convenios sectoriales.

En cuanto al blanqueo laboral, la propuesta establece que estará habilitado a todos los sectores y a empresas de diverso tamaño, las que se beneficiarán con la derogación de las penalidades correspondientes por el período que mantuvieron al personal en la informalidad. Solo permanecerá una parte de las multas, cuya recaudación estará destinada a financiar el fondeo del sistema previsional que administra la Anses.

Si bien la propuesta del Ejecutivo no avanza sobre el poder sindical, en línea con los cuestionamientos del propio Macri contra la multiplicación de organizaciones gremiales, establece que aquellos sindicatos que no registren actividades durante un plazo de cinco años perderán su personería o inscripción.