Sin apuro, pero sin pausa. Para el gobierno, la sanción de la reforma laboral constituye una prioridad de la gestión de Mauricio Macri y, lejos de dar por perdida la batalla política ante la renuencia que exhiben los gremios y la oposición, insistirá en impulsar la iniciativa después de marzo próximo, una vez comenzadas las sesiones ordinarias del Congreso. “Confiamos que en abril próximo podamos contar con la ley”, adelantó un encumbrado ministro. Desde el gobierno creen en lograr para entonces el aval de la CGT y de un sector del PJ, y presionarán con auditorías a obras sociales sindicales
Este objetivo requiere del apoyo de la CGT, condición sine qua non que impuso el peronismo no kirchnerista en el Congreso para aportar sus votos. A esa tarea se abocará el gobierno, reacio por ahora a desguazar la iniciativa; esta posibilidad había sido una propuesta de algunos voceros del oficialismo en el Congreso para facilitar la aprobación de algunos puntos de la reforma, como los planes para favorecer el blanqueo de trabajadores informales o beneficios como extender las licencias por paternidad.

Pero la opción fue descartada. "Solo se terminarán aprobando aquellos puntos que son de beneficio para los gremios, pero el resto de la reforma no se trataría nunca más", señalaron en la Casa Rosada ante La Nación.

Para vencer la resistencia que hoy muestran los gremios, el gobierno ejercerá distintas formas de presión. "Los gremios están en deuda con nosotros; prometieron darnos su apoyo a la reforma laboral y al final se echaron para atrás. Al mismo tiempo nos boicoteaban la reforma previsional. No les debemos nada, al contrario", masculló ayer, un funcionario de la Casa Rosada.

En una estrategia de pinzas, el gobierno instrumentará, por un lado, una serie de auditorías sobre las obras sociales que manejan los gremios, así como sobre sus propiedades. Por el otro, dejará hacer a la Justicia: las investigaciones que actualmente acorralan a algunos caciques sindicales -y, en especial, la que salpica al clan Moyano por supuesta evasión y lavado de dinero- pueden resultar un factor disuasorio clave para que los gremios terminen alineándose detrás de la reforma laboral, confían fuentes oficiales.

Los tiempos serán más distendidos que con la reforma previsional, cuya sanción terminó siendo traumática para el oficialismo por el costo político que le deparó.

"No creemos conveniente tensar más de la cuenta nuestra relación con los gobernadores del PJ. Son nuestros principales aliados en el Congreso y exigirles que asuman costos políticos por este gobierno les hace perder su perfil opositor. Nosotros lo sabemos, por eso no podemos abusar", reflexionó una fuente del oficialismo con despacho en la Casa Rosada.

Leyes imprescindibles

En esta línea de pensamiento se inscribe la estrategia del gobierno de enfriar la actividad parlamentaria este año, tal como adelantó La Nacióndías pasados. Solo se impulsarán las leyes imprescindibles, entre ellas, la reforma laboral. La reforma política, otra de las obsesiones del Presidente Macri, quedará para el segundo semestre del año, siempre y cuando haya consenso con el peronismo.

El gobierno hará, además, un uso más frecuente de los decretos, tal como ya lo demostró la semana pasada con el megadecreto de necesidad y urgencia destinado a desburocratizar numerosas tareas en el Estado. Justifican esta práctica en su condición de minoría en ambas cámaras y en la relación inestable que mantienen con los gobernadores del PJ, incapaz de garantizarle una mayoría confiable en el Congreso.

La oposición ya reaccionó: rechazó el megadecreto presidencial y le reprochó al gobierno pretender gobernar por la vía del decreto, práctica que criticaba cuando era oposición.

El jefe del bloque de diputados kirchneristas, Agustín Rossi, calificó de inconstitucional aquel decreto pues, insistió, “deroga y modifica más de 140 leyes”. “Es una ley ómnibus en donde está claro que Macri se burla del Parlamento argentino”, advirtió.

La ex diputada nacional Margarita Stolbizer anticipó que después de la feria judicial pedirá a la Justicia la inconstitucionalidad del megadecreto presidencial. “Afecta seriamente la división de poderes, vulnera derechos y modifica un centenar de leyes”, alertó.

A sabiendas de que la oposición podría unir filas contra los decretos presidenciales, el oficialismo dispuso blindar, con mayoría propia, la estratégica Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, cuerpo que debe resolver sobre los decretos que emite el Poder Ejecutivo previo a su tratamiento en el recinto.

En efecto, Cambiemos tendrá ocho integrantes sobre un total de 16 en la comisión y podrá desempatar a su favor con el voto del presidente, que este año será alguien del oficialismo. De esta manera se garantiza que difícilmente un decreto presidencial pueda ser eventualmente volteado por el Congreso.