En el marco del escándalo que involucra a algunos gremios por la detención de varios dirigentes en el marco de casos de corrupción, el sindicalismo continúa en el ojo de la tormenta por dos causas que investigan a dos amplias organizaciones delictivas dedicadas a emitir documentación apócrifa, un sistema que posibilitó la evasión de miles de contribuyentes, entre los que se encuentran decenas de empresas y sindicatos de todo el país.

La investigación, que surgió de una denuncia de la AFIP, compromete a sindicatos de referentes de la CGT, como Hugo Moyano (camioneros), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Carlos Acuña (estaciones de servicios) y Antonio Cassia (petroleros).

En la causa que llevan adelante la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el juez de Quilmes Luis Armella ya fueron procesadas 17 personas y una se encuentra prófuga. Además, allanaron una decena de sindicatos que figuran como usuarios de esta red de evasión.

El operativo para dar con la facturación apócrifa alcanzó también al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, el Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la Patagonia Austral, el Sindicato de empleados del Corcho, la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh), el Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses.