El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretó este viernes la entrega de seis territorios indígenas a los pueblos originarios y aseguró que pretende homologar más tierras a lo largo de su mandato, con el objetivo también de proteger a la selva amazónica de la deforestación, en el retorno de una política de Estado que había sido frenada durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, aliado del agronegocio y de la explotación mineral en las reservas.

"Vamos a trabajar para hacer el mayor número posible de demarcaciones de tierras indígenas dentro de mis cuatro años de Gobierno. No solamente porque es un derecho de los pueblos indígenas, sino también porque queremos llegar a 2030 con deforestación cero", aseguró Lula en su discurso en el cierre del 19o. Campamento Tierra Libre, que se realiza en Brasilia en la última semana de abril.

El mandatario le imprimió una política inédita a la cuestión indígena brasileña, sobre todo luego del escándalo mundial por la desnutrición de niños y adultos registrada en la tierra indígena yanomami, en el norte del país, donde el gobierno de Bolsonaro redujo la fiscalización y permitió la instalaron de 20.000 garimpeiros, nombre con el que se conocen a los buscadores ilegales de oro que contaminaron los ríos y arroyos con mercurio.

La medida, dictada por el primer gobierno de Brasil que tiene un Ministerio de Asuntos Indígenas, a cargo de Sonia Guajajara, otorga unas 550.000 hectáreas en seis reservas indígenas a los pueblos arara en el estado de Acre, los Kariri-Xocó en el estado de Alagoas, los Kingang en Rio Grande do Sul, los Avá-Canoeiro en Goiania y los Maku Nadeb, en Amazonas.

El único gobierno desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que no restituyó territorio a los indígenas fue el de Bolsonaro, el presidente ultraderechista que prometió que no lo haría porque considera que esas tierras son "improductivas" y necesitan ser explotadas por la industria maderera, la minería y la actividad agropecuaria.

La demarcación de tierras ocurre en un momento de tensión del gobierno con las patronales agropecuarias: la conducción de Agrishow, la mayor feria rural de Brasil que se realiza anualmente en la ciudad paulista de Ribeirao Preto, le retiró la invitación al ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, debido a que estaba garantizada la presencia del expresidente Bolsonaro y del gobernador de San Pablo, el bolsonarista Tarcísio de Freitas.

La apuesta de Lula por una política indígena centrada en los propios pueblos choca con la tradicional posición de las patronales agropecuarias que convirtieron a Brasil en el principal productor y exportador de proteína animal y de soja del mundo, al ritmo de la deforestación récord de la selva amazónica.

Lula dijo que la Amazonía "no debe ser un santuario", ya que allí viven 25 millones de personas, pero aclaró que la explotación económica será diferente, buscando sacarle provecho a la biodiversidad con la selva en pie.

El acto sirvió para reunir a los principales dirigentes indígenas y de derechos humanos del país, entre ellos el cacique Raoni.

La última tierra indígena había sido demarcada en 2018 por el entonces presidente Michel Temer.

El cacique Raoni, a quien Bolsonaro calificó como "enemigo" de Brasil, pidió al gobierno aumentar la fiscalización "para que no entren buscadores y madereros en este territorio demarcado".

Lula también firmó un decreto para aumentar el personal del ente controlador Fundación Nacional del Indio (Funai), que perdió dos tercios de sus empleados en las gestiones de Temer y Bolsonaro.

Asimismo, por primera vez fue creada una mesa de trabajo para dialogar con la central hidroeléctrica brasileño paraguaya de Itaipú, creada hace 50 años, con el objetivo de una histórica para los indígenas guaraníes afectados por el emprendimiento.

Más tarde, Lula participó del acto en el cual decretó el aumento del 9% a los salarios de los empleados públicos cuyos ingresos estuvieron congelados desde 2019 por orden del ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes.

"Vamos a aprovechar la pandemia -dijo en 2020 durante una reunión de gabinete que fue exhibida públicamente- para impedir las paritarias".

El anuncio del aumento del 9%, que está por debajo de la inflación acumulada, es para unos 560.000 funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, de los cuales el 47% está en administración federal directa, 39,7% en autarquías federales y 12,9% en otros órganos federales.

Lula pidió también a los sindicalistas protestar "con educación" frente a los diputados y senadores opositores para defender las propuestas del gobierno.