Al menos 26 militares y dos policías fueron retenidos durante algunas horas por un grupo de personas, durante un operativo de destrucción de un laboratorio para el procesamiento de hoja de coca en el departamento del Cauca, sur del país, informó el Ejército.

Los miembros de la fuerza pública fueron rodeados por unas 400 personas con los rostros ocultos, quienes impidieron que se concretara la destrucción del laboratorio de cocaína, que las tropas atribuyen a disidentes de las FARC.

El mando militar recordó que es un delito obstruir las operaciones militares y precisó que se había ordenado el envío de fuerzas que obtuvieran la liberación de los uniformados mediante el apoyo de la Defensoría del Pueblo, que inició un diálogo con los secuestradores, refirió la agencia de noticias Ansa.

El portal de noticias Semana anunció más tarde que los 28 uniformados habían sido liberados y entregados a la Defensoría del Pueblo.

“Un equipo de funcionarios de nuestra Regional Cauca viajó hasta el corregimiento Santa Cruz, jurisdicción del municipio de Patía, en donde permanecían retenidos 26 soldados y dos policías, con el fin de adelantar una labor de mediación, que afortunadamente resultó muy positiva y los miembros de la fuerza pública ya regresaron a sus tareas”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, citado por Semana.

El mismo medio había publicado poco antes en su portal de internet un comunicado de los secuestradores que justificaba sus acciones en que debían garantizar el funcionamiento del laboratorio y alertaba sobre la presencia de otros actores en la zona.

“Sabemos que, si bien la Fuerza Pública es la garante del orden público, también le corresponde responder por el derecho a la vida. Este derecho fundamental es constitucionalmente inviolable e irrenunciable; toda entidad pública y sus funcionarios no pueden poner en peligro ninguno de los derechos fundamentales, pues están para salvaguardarlos, en ningún momento para ponerlos en riesgo”, indicaron inicialmente.

De acuerdo con el grupo delictivo, “nosotros, de forma respetuosa, nos dirigimos a ustedes para manifestarles que, pese a que la Constitución Política de 1991 les permite establecerse en cualquier parte del territorio, para nuestras familias y comunidades de este espacio, no representan seguridad”, manifestaron.

Agregaron que, por el contrario, vulneran su derecho a la vida y a la paz que transitoriamente han vivido durante este tiempo.

“La presencia de más actores armados pone en riesgo nuestra tranquilidad, dado que existe en la zona otro actor con el cual pueden presentarse confrontaciones en cualquier momento, lo que sin duda quebranta nuestros derechos fundamentales establecidos en los artículos 11 y el 12 de nuestra Constitución”, aseguraron.