IMPUESTO RURAL.

“Algunos dirigentes quieren defender a los grandes propietarios, como hicieron en 2009, donde los entrerrianos perdimos millones de pesos para favorecer a un grupo de 2.860 dueños de 3,1 millones de hectáreas, casi la mitad de las tierras rurales, muchos de los cuales ni siquiera viven en Entre Ríos”, dijo el ministro de la Producción, Roberto Schunk.
“En aquel momento fue el Ejecutivo provincial el que defendió a los 49.000 pequeños propietarios, eximiendo o reduciendo el impuesto a pagar”, recordó el funcionario provincial. Recordó además que Entre Ríos no cobra el impuesto a los Ingresos Brutos a la producción agropecuaria, como sí lo hacen otras provincias.
Las declaraciones del ministro de la Producción, que marcan una clara tensión con las entidades del campo nucleadas en la Mesa de Enlace provincial, se conocieron luego de producida la convocatoria a un tractorazo a Casa de Gobierno .
“El impuesto Inmobiliario Rural es uno de los impuestos que mejor garantiza la justicia tributaria, es decir, los que más tienen, los grandes propietarios, pagan proporcionalmente más”, sostuvo el ministro en referencia a la actualización del impuesto Inmobiliario Rural.
“Un pequeño productor de 100 hectáreas estará abonando 12 pesos por hectárea por mes, lo que no es para nada descabellado y resulta coherente con los rendimientos económicos actuales”, dijo Schunk. Todavía el avalúo de los campos está lejos del valor de mercado, explicó luego.

Pérdida de peso
“Este impuesto ha perdido peso en la recaudación total de la provincia, por lo que es imprescindible un ajuste, como lo marca la ley”, dijo Schunk. “En 2004 el impuesto Inmobiliario Rural explicaba el 12,6% de la recaudación de origen provincial, en 2011 el mismo tributo solo representó el 8,6%”, explicó el funcionario.
“Esto significa que han crecido los impuestos que abonan los consumidores mientras se estanca el cobro de tributos a la riqueza, que son los más justos. Si queremos una sociedad equitativa y equilibrada no hay dudas de que tienen que aumentar el peso de impuestos como el Inmobiliario Rural”, dijo el ministro de la Producción.
“El gobierno provincial solamente está cumpliendo con el Artículo 79 de nuestra Constitución, que exige tributos progresivos, además hay que tener en cuenta que Entre Ríos no cobra Ingresos Brutos a la producción agropecuaria, como sí lo hacen otras provincias”, añadió luego.
Según indicó el funcionario provincial, el Inmobiliario Rural es equitativo por tres razones fundamentales. “En primer lugar, es un impuesto directo que grava la riqueza, es decir, la propiedad de la tierra. En segundo lugar, porque para determinar el valor de la propiedad rural sobre la cual se calcula el impuesto se tienen en cuenta las diferencias de rendimiento de las diversas zonas agroecológicas económicas de Entre Ríos, por lo que los campos que están en áreas menos productivas pagan menos por hectárea respecto de los campos ubicados en zonas más productivas. Y en tercer lugar, porque la alícuota del impuesto es proporcionalmente mayor cuanto mayor es el valor de la propiedad rural”, explicó.
Así las cosas, para Schunk “lo que se hizo en esta oportunidad es simplemente aplicar la ley. El impuesto Inmobiliario Rural viene atrasado desde hace años y era imprescindible un ajuste, el cual recae fundamentalmente en los grandes propietarios”, insistió.Rentabilidad récord
El ministro explicó que el campo “y sobre todo los grandes productores, han tenido niveles récord de rentabilidad en los últimos años. Esta situación se refleja en diversos indicadores. Uno de ellos es la morosidad bancaria de los productores, que era del 34% en 2001 y bajó al 3,4% en la actualidad”.
“Otro indicador es la reducción en la cantidad de hectáreas hipotecadas “que disminuyeron de 14 millones a menos 4 millones hoy día; o el crecimiento en el número de empresas y empleo formales del sector desde 2003, que ha sido del 32% y 16% respectivamente”, agregó.
Por último, Schunk indicó el incremento del uso de fertilizantes y productos sanitarios “que prácticamente se duplicaron desde 2003, y el aumento exponencial en el valor de los campos, cuyos precios crecieron más del 100% desde 2002”, señaló.El oficialismo observa los cambios en la dirigencia rural y saca sus conclusiones
La aplicación de nuevos avalúos en el Inmobiliario Rural produjo un fuerte impacto en la dirigencia del sector agropecuario. Se sucedieron asambleas, volvió la pelea mediática y durante los últimos días surgió el llamado a la rebelión fiscal incumpliendo el pago del tributo.Desde el gobierno se señala -en off the record por ahora- que hay una parte de esa dirigencia agropecuaria que añora la repercusión social que tuvo la batalla contra la Resolución 125 del fugaz ministro de Economía Martín Lousteau.
A juicio de hombres del oficialismo, a la dirigencia actual de la FAA le resulta dificultoso explicar su resistencia a la Ley Nº 9.930 votada por la Legislatura en 2009, con el aval de las entidades que componen la Mesa de Enlace y que fue aplaudido por todo el sector rural.
La ley mencionada, que se complementa con la Nº 8.672, grava a los campos con alícuotas que van desde el 0,9% al 2,3 % en forma gradual y por tramos, en función de la productividad y el valor de cada hectárea, por lo que a la presión fiscal más alta la reciben los que tengan mejores campos o quienes tengan grandes superficies, explican desde el gobierno. Y más aún si esas fracciones de tierra están ubicadas en las mejores zonas de producción o si están ligadas a producciones que han recuperado rentabilidad, como lo es el caso de la ganadería, por ejemplo.
En el mismo sentido, señalan desde el oficialismo que otra ley, la Nº 10.102 votada hace pocos días, permitió morigerar el impacto de los avalúos en 110 millones de pesos que hubieran llegado en las boletas. Esa norma se sancionó a pedido de la dirigencia del sector.
Desde el gobierno se puntualiza que si bien la avanzada proviene de la Mesa de Enlace, la voz cantante “es curiosamente la dirigencia de Federación Agraria Argentina (FAA)”, haciendo hincapié en el centenario de esta organización, que se cumple en 2012.
En el mismo sentido, se indica que según el “relato” de la dirigencia agropecuaria el 70% de la producción entrerriana se consigue en campos arrendados, por lo que el impuesto (aplicado al arrendador) no sería de impacto para quien trabaja la superficie sino para quien la posee; con lo que resultaría lógico que los grandes tenedores de superficie fueran los que más reclaman. “Sin embargo parecen ser los dirigentes de FAA los que están a la vanguardia del reclamo y el pedido de rebelión fiscal”, se indicó.
Tras ello, se señalan algunos datos “de la realidad” que según los hombres del oficialismo, resultan incontrastables. Por ejemplo, la cotización de 520 dólares para la soja y los estudios del INTA Pergamino de marzo de 2012 que determinan que la renta por hectárea de ese cultivo ronda entre 737 y 1.000 dólares. Indican que, a partir de esos datos es difícil sostener que el mejor campo de la provincia no puede tributar 380 pesos anuales.
La última lectura es interna al gobierno. A la luz de lo ocurrido en 2008-2009, saber cómo actúan ahora frente a este escenario quienes forman parte del gobierno de Urribarri, será una forma de estimar del fortaleza del gobierno.