Senadora Entrerriana.

Se trata de Elsa Ruiz Díaz (FpV); junto a su compañero de bancada Daniel Filmus, que las empresas de telefonía móvil comercialicen equipos aptos para hipoacúsicos.El objetivo de ambos senadores nacionales es resguardar el derecho a la igualdad y a la no discriminación y evitar que este sector quede al margen de servicios básicos usados en la actualidad. "Existe una gran cantidad de personas hipoacúsicas que utilizan audífonos para poder superar su incapacidad, pero que no pueden hacer uso de teléfonos celulares, ya que al acercar ambos aparatos se produce un interferencia que hace imposible la comunicación. Por ello es necesario que puedan acceder a equipos de telefonía móvil que sean compatibles con las prótesis, ya sean audífonos o implantes cocleares", explicó la legisladora entrerriana.
La iniciativa dispone además que los precios de los equipos compatibles con audífonos no sean superiores a los de teléfonos del mismo rango sin dicha tecnología; y que el precio para el servicio de telefonía sea equivalente al de las llamadas efectuadas mediante equipos móviles convencionales.Según la Primera Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2002-2003 llevada a cabo por el INDEC, en Argentina existen 2.176.123 personas con discapacidad, de las cuales 44.052 padecían sordera y 221.303 tenían dificultades para oír."Sin perjuicio del número, debemos partir del principio ético de que la cantidad de personas afectadas no es lo importante, y deben pasar a serlo los principios de igualdad y no discriminación, ya que aunque hubiera sólo una persona que no pudiera hacer uso y acceder a las nuevas tecnologías, la sociedad estaría cayendo en la violación de la igualdad y en la discriminación", señaló Ruiz Díaz en declaraciones reproducidas por El Once.Existe legislación en este sentido en varios países, como en Estados Unidos donde los teléfonos que se fabrican o importan deben ser compatibles con audífonos. Algo similar hay en España.Asimismo, en nuestro país las leyes 24.204 y 24.421, la primera dirigida a la telefonía pública y la segunda a la telefonía domiciliaria, establecen que las empresas telefónicas deberán proveer un servicio de telefonía que permita a las personas hipoacúsicas o con impedimento en el habla hacer uso del mismo.